1. Ley de cambio climático

Muchas voces reclaman que no se retrase más la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que debe servir para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con el Acuerdo de París contra el calentamiento (2015).

La redacción de esta ley fue una promesa de la ex ministra Isabel García Tejerina (en el 2016), pero el Ejecutivo del PP la retrasó varias veces en medio de las discrepancias internas.

La previsión es que la nueva ley incorpore objetivos para recortar las emisiones de gases para cada uno de los ámbitos sectoriales (energía, transporte, industria, agricultura o residuos…), a corto, medio y largo plazo (2020, 2030 y 2050).

España debe dotarse de una estrategia (con la correspondiente senda) para lograr la plena descarbonización de la economía para mitad del siglo.

2. Retirar el “impuesto al sol”

“Debe eliminarse el impuesto al sol y simplificarse los procedimientos administrativos para las instalaciones de autoconsumo”, recalca Jorge Fabra de Labra, director general de la empresa Geoatlanter.

La modificación de la actual regulación española del autoconsumo es un clamor social. La energía fotovoltaica mediante autoproducción es ya una opción factible y viable económicamente, muy competitiva respecto a las fuentes tradicionales.

Sin embargo, el Gobierno penalizó esta alternativa con el denominado impuesto al sol, una carga para las instalaciones de más des 10 kW que puede desalentar las inversiones en este campo.

“La normativa española sobre autoconsumo con fuentes renovables es la más restrictiva del mundo. No es que no se puedan hacer nuevas instalaciones, sino que es muy difícil llevarla a cabo”, resume dice Jorge Morales.

Cualquier modelo de energía descentralizado exige esta modificación legal. El plan para suprimir el impuesto queda recogido en la proposición de ley presentada recientemente por los grupos del Congreso que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura (y que cuenta con el apoyo de 180 parlamentarios).

3. Impulso a las renovables

España no tiene garantizado que en el 2020, el 20% de la energía sea renovable, como le exigen las actuales directivas europeas. En el 2017, estaba en el 17,3%, según los datos de Eurostat (la agencia de estadística europea).

Se han paralizado los proyectos de nuevas instalaciones de energía limpia entre el 2013 y el 2018 (eólica, fotovoltaica…), y se han recortado drásticamentelas ayudas a las centrales en funcionamiento.

El resultado es que España, en los últimos, ha perdido el liderazgo mundial que mantuvo hasta el 2010. Sin embargo, los costes de generación con fuentes renovable han caído drásticamente los últimos años y ya no son necesarias las primas para su impulso.

Jorge Morales considera que España debería promover nuevas instalaciones a partir del sistema de subastas, mediante el cual las nuevas centrales (eólicas o solares) se adjudiquen a los promotores que se comprometan a vender la electricidad al precio más barato entre los ofertantes.

No obstante, estima que debe reservarse también un cupo de pequeñas instalaciones. La Fundación Renovables pide además alcanzar un pacto político para resolver la situación creada a las personas que invirtieron en renovables y vieron cómo se hundieron sus ingresos por el drástico de las primas. Es la manera de devolver la confianza en el futuro.

4. Cumplir lo que diga Europa

En su estreno en la Unión Europea, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quiso ser expresiva a la hora de hablar del giro español (en relación a su antecesor, Álvaro Nadal) en la negociación comunitaria para aprobar las nuevas directivas sobre energías renovables y eficiencia energética.

“España deja de ser un lastre y se alinea con aquellos países que tienen vocación de progreso, vocación de futuro y progresista en este campo”, declaró Teresa Ribera en Luxemburgo.

Hemos apoyado que las renovables tengan una participación del 34% en el conjunto de la energía en el 2030 en la UE (al final, el acuerdo alcanzado ayer lo sitúa en un 32%).

“España tiene la costumbre de trasponer tarde y mal las directivas europeas sobre renovables, ahorro y eficiencia energética. Más allá de las palabras ministeriales, sería una paso trascendental que estas nuevas directivas (que podrían aprobarse completamente antes del verano) se adapten bien a nuestro derecho. Es la mejor manera de marcar señales a los agentes económicos”, declara Javier García Breva, consultor en energía.

5. Reabierto el debate nuclear

El futuro de la energía nuclear en España queda ensombrecido con la llegada del PSOE al Gobierno. La ministra Teresa Ribera ha dejado sentado que España debe aprovechar preferentemente sus recursos energéticos y que es “más sensato” diversificar la economía de las zonas donde que acogen centrales nucleares.

Alargar la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años de funcionamiento (como quería el PP) queda, pues, en entredicho en un momento en que su despegue se centra en Asia. El PSOE prometió en su programa electoral cerrar de forma paulatina estas nucleares, para que cese su actividad a los 40 años de funcionamiento.

En cualquier caso, si el Gobierno del PSOE continúa, lo previsible es que no autorice una renovación de licencias que alargue su explotación más de 40 años.

Las centrales que tienen más cerca el fin de sus licencias son Almaraz I y Almaraz II (en Cáceres), cuyos permiso vigentese expiran en junio del año 2020 (y que cumplen 40 años de actividad en el 2021 y el 2023), y por lo cual ya han expresando que quieren seguir operando.

Las compañías propietarias quieren alargar la vida de los reactores; pero no a cualquier precio. Quieren garantizar su mejor rentabilidad.

Por eso, las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural…) juzgan excesiva la sobrecarga impositiva; argumentan que sufren pérdidas económicas y reclaman un mejor trato del Gobierno. Arguyen que son la primera tecnología eléctrica (el 21,2% de la producción).

6. Térmicas de carbón ante su final

La ministra Teresa Ribera ha declarado que “el carbón no tiene futuro”, invocando así el impacto climático de sus emisiones. La situación de partida esconde una paradoja.

El anterior ministro Álvaro Nadal intentó a toda costa impedir el cierre de las térmicas de carbón a las compañías eléctricas propietarias (la última vez, mediante una proposición de ley presentada el 27 de abril por el PP en el Congreso).

Y lo hizo frente a la voluntad de Iberdrola, que desea cerrar sus últimas térmicas de carbón en España (Lada en Asturias y Velilla en Velilla Palencia).

“El Gobierno debe oponerse a la proposición del PP, pues supondría un serio obstáculo para la transición ecológica hacia las energías renovables”, dice Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA).

Una veintena de países se han unido a una alianza para prescindir del carbón de la generación de energía antes de 2030 (Gran Bretaña, Canadá, Italia, Francia…). El PSOE ha puesto como fecha final el 2025.

7. Centrales en el ojo del huracán

El IIDMA ha denunciado a la Administración ante el Tribunal Supremo por haber permitido que las centrales térmicas puedan superar los niveles de emisiones comunitarios.

El Plan Nacional Transitorio permite a 21 centrales térmicas de carbón emitir por encima de esos límites (NOx, SO2 y partículas a la atmósfera), algo que no sería posible fuera de esa excepción.

“O estas centrales se adaptan para cumplir los niveles de emisión o deberán cerrar”, dice Ana Barrera.

Las emisiones de carbón fueron responsables de más de 700 muertes prematuras en 2014 y los costes sanitarios ascendieron a entre 880 y 1.667 millones de euros, según el IIDMA, que pide cerrar el 50% de estas térmicas en el 2020, y el resto en el 2025.

8. Reforma de sistema eléctrico

Jorge Morales reclama “un cambio en las reglas de juego del mercado eléctrico”, aunque admite que faltará tiempo para ello en la actual legislatura.

No obstante, ve fundamental en la futura reforma “sacar las empresas hidroeléctricas” del sistema de conformación de los precios de la luz (pues su combustible, el agua de lluvia, tiene un coste cero y en cambio se retribuye al precio más caro, el del gas o carbón).

Javier García Breva ve urgente facilitar el acceso de los consumidores a los datos de los contadores inteligentes para planificar sus consumos.

“Las compañías eléctricas han puesto un candado al contador y eso contraviene la directiva europea sobre eficiencia energética”, dice.

También pide modificar el componente fijo de la tarifa de la luz (término de potencia); es tan desproporcionado en relación al componente de consumo que desincentiva el ahorro. “Es una barrera a la eficiencia energética”, destaca.

9. Fiscalidad ambiental

La Fundación Renovables reclama políticas fiscales para acelerar y facilitar un cambio de modelo energético y penalizar las que lo obstaculizan.

Su presidente, Fernando Ferrando, pide que se elimine el impuesto del 7% para la generación de electricidad con fuentes renovables, pues es la misma carga que tienen la energías convencionales (con lo no hay una discriminación positiva para las fuentes limpias).

También sostiene que el coste de la transición energética (emisiones de CO2, primas de las renovables), que ahora se carga en recibo de la luz, sea asumido también por otros sectores que contribuyen al cambio climático (como el sistema petrolera o gasista).

“Los costes de la transición energética no debe pagarlo solo el sector eléctrico”, resume García Breva. Todos los expertos ven necesario la aprobación de un ambicioso plan de rehabilitación energética de edificios y la apuesta decidida por el transporte limpio (vehículo eléctrico).

10. Transporte limpio

Todos los expertos ven necesario la puesta en marcha de un ambicioso plan de rehabilitación energética de edificios y la apuesta por el transporte limpio (desarrollo del vehículo eléctrico).

Fuente: La Vanguardia,