La industria textil avanza hacia la sostenibilidad

 

Segunda industria más contaminante

El vertiginoso aumento y deslocalización de la producción a terceros países no solo va en detrimento de unas mejores condiciones laborales. Los tejidos empleados y el modelo de producción sitúan a la industria textil como la segunda más contaminante del planeta después de la industria petrolera, responsable de la emisión de 850 millones de toneladas de CO2 al año.

El tejido más utilizado en la industria es el poliéster, que emite tres veces mayor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera que el algodón, en el que se emplean 70 millones de barriles de petróleo anuales y está presente en el 60% de las prendas que copan el mercado. Si optamos por una fibra natural y menos contaminante como el algodón, este acumula el 25% de los insecticidas y el 10% de los pesticidas con el consiguiente impacto de los agroquímicos sobre el terreno y la salud humana.

Existe una alternativa, a priori menos contaminante, que se está poniendo de moda en la industria textil. Se trata de la viscosa, una fibra artificial de origen vegetal que, como explica Serlinda Vigara, portavoz de Ecologistas en Acción, tratada de manera adecuada no es contaminante. Sin embargo, «la viscosa se está obteniendo a través de un proceso químico que liberado sin control de las fábricas está contaminando los ríos y los cultivos de China e India», añade la responsable de la organización.

«La viscosa se vende a veces como una alternativa buena y sostenible al algodón y los tejidos sintéticos. Para que esto sea así, la industria de la viscosa debe acometer grandes cambios en sus sistemas de producción. Las alternativas están ya ahí, ya que la viscosa podría fabricarse con muchos menos químicos tóxicos de lo que lo hace ahora y en un circuito de producción cerrado que elimine la contaminación», concluye el informe «Moda Sucia» de Ecologistas en Acción.

La huella contaminante que va dejando la industria textil se prolonga más allá de la cadena de producción y distribución. Como subraya Celia Ojeda, responsable de consumo de Greenpeace, el auge de la moda rápida está disparando la cantidad de residuos textiles que «se van a terceros países, se incineran contaminado el aire o se tiran en vertederos provocando residuos tóxicos de tintes y plásticos que van a aguas subterráneas». Las investigaciones de la organización cifran en un 80% la ropa que va a parar directamente al vertedero o a la incineradora en Europa, cuando el 95% de la ropa desechada está en óptimas condiciones para ser reutilizada.

La iniciativa legislativa que tuvo mayor impacto mediático sobre las prácticas abusivas que tienen lugar en las fábricas asiáticas se produjo en el Parlamento Europeo en el pasado mes de abril. Bajo el influjo de la eurodiputada Lola Sánchez (Podemos), el Europarlamento aprobaba una resolución para elaborar una legislación única que fuera vinculante para todas las empresas textiles. «Logramos una mayoría abrumadora de más del 83% con el apoyo del Partido Popular Europeo y los liberales. Esto fue posible gracias a la presión ciudadana que generamos en la semana de su aprobación en el pleno, que coincidía con el cuarto aniversario del Rana Plaza y se lo pusimos muy difícil para votar en contra con todos los medios recordando la masacre», detalla la eurodiputada española.

Sin embargo, ocho meses después de su aprobación la pelota sigue en el tejado de la Comisión Europea: «La Comisión considera que hay que dar más tiempo a las iniciativas voluntarias de las empresas sobre la mejora de su cadena de valor. Precisamente, el objetivo del texto que presentamos va dirigido a hacer más fácil la actividad diaria de las empresas que se pierden en una maraña de códigos de conducta y no pueden acudir a una legislación única vinculante para todo el sector». 

Lola Sánchez concluye que la Comisión Europea actúa con una opacidad absoluta y que está secuestrada por los lobbies de la industria. Incluso antes de la aprobación del texto, el equipo de la eurodiputada recibió cartas de empresas como Inditex en las que se la acusaba de mentir y se la invitaba a acudir a las fábricas de la empresa (en Galicia, no en Bangladesh) para conocer de primera mano sus condiciones laborales.



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