En concreto, el 85,8 por ciento de los encuestados quiere que Estados Unidos se comprometa a reducir sus emisiones, y que firme el acuerdo con independencia de que posteriormente no sea apoyado por el Congreso norteamericano con la aprobación de una legislación sobre el clima.

En cuanto a China, más de tres cuartas partes de los 450 encuestados creen que debe firmar y permitir una verificación internacional. No obstante, el 15 por ciento piensa que es preferible que el país asiático aplique normativa nacional a que firme un acuerdo que luego no pueda cumplir.

Las PYMES piden medidas más ambiciosas

Por otra parte, más de la mitad de los encuestados (57,1 %) cree que Europa tiene que aumentar su compromiso entre un 10 y un 20 por ciento  respecto a los niveles actuales, es decir, que se comprometa a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) un 30 o 40 por ciento para 2020,  con el fin de impulsar la creación y despliegue de las tecnologías bajas en carbono.

Sin embargo, esta opinión no es igual en todos los grupos de interés, ya que mientras que las pymes apoyan la implantación en la UE de unas medidas más ambiciosas en reducción de GEI, a pesar de estar expuestas a la fuga de carbono, las multinacionales no quieren que se incrementen los compromisos de reducción de la UE, ya que perciben la fuga de carbono como una amenaza real para el futuro de sus negocios. 

Aunque parece claro que los países desarrollados son los primeros que deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La UE y EEUU apoyan que los países en vías de desarrollo también se propongan reducir sus emisiones entre un 15 y un 30 por ciento, contando para ello con recursos y tecnologías de los países desarrollados. El 83 por ciento de la sociedad, con muestras significativas en todos los grupos de interés, comparten esta opinión, ya que, perciben el cambio climático como un "problema global".

Sí al "Fondo Verde"

El acuerdo no vinculante de Copenhague prometió que los países ricos aportarían 30.000 millones de dólares a las naciones en desarrollo entre 2010 y 2012. No obstante, no se fijó un mecanismo financiero, ni el marco institucional que decida a qué proyectos y a qué países se destinará esos fondos.  Por ello, casi la totalidad de los encuestados quieren que en la Cumbre de Cancún se esclarezcan estos temas, especialmente, el órgano que gestionará el Fondo Verde. Las empresas, por su parte, quieren que se definan si los beneficios obtenidos por la venta de derechos de emisión podrán ser contabilizados como aportaciones a dicho fondo.

Tanto las Administraciones Públicas, como las ONG creen que la ONU es el marco institucional correcto para arbitrar un Fondo Verde. Sin embargo, las empresas, al tener unos intereses más locales, apuestan por otro organismo. Asimismo, sólo las ONG manifiestan la necesidad de esclarecer qué fondos públicos y privados deberían utilizar el mecanismo financiero que se cree, así como el establecimiento de las cantidades necesarias en cada caso.

Las ONG y los mecanismos de flexibilidad

Por último, la encuesta también recoge las opiniones acerca de los mecanismos de flexibilidad. Un 70 por ciento de los encuestados cree que se debería mantener los mismos mecanismos de flexibilidad después de 2013 y establecer nuevos elementos de control que aseguren que no se utilizan para evitar el cumplimiento de los compromisos de reducción adquiridos y un 19 por ciento creen que se deberían eliminar.

Se observa un cambio de parecer por parte de las ONG, ya que hasta el momento no habían apoyado los mecanismos de flexibilidad y esta encuesta revela que lo están comenzando a hacer, siempre y cuando sean mejorados y fortalecidos



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