Con el del Tajo ya son 17 los planes hidrológicos impulsados por el actual Ejecutivo en poco más de dos años, 15 de ellos ya aprobados en Consejo de Ministros (Tajo, Ebro, Ceuta, Melilla, Islas Baleares, Duero, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas), y dos (Segura y Júcar) que ya cuentan con el informe favorable del Consejo Nacional del Agua y que se aprobarán próximamente. El anterior Gobierno solo aprobó un plan, el del Distrito fluvial de Cataluña.

Diálogo entre usuarios y territorios 

El Plan Hidrológico del Tajo es el resultado de un trabajo serio, comprometido y de diálogo con todas las partes implicadas, usuarios y territorios de toda la demarcación, tanto en la fase de elaboración como en la de aprobación del Plan,  prueba de ello es que el documento definitivo recoge buena parte de las indicaciones contenidas en las más de 12.000 alegaciones y observaciones recibidas a lo largo del proceso de información pública.

Este texto define un nuevo marco normativo en la gestión del agua que equilibra la satisfacción de los usos y demandas, actuales y futuras, con la protección y mejora del estado de todas las masas de agua de la cuenca del Tajo, tal y como contempla la Directiva Marco del Agua.

Así, establece una serie de medidas para asegurar los abastecimientos urbano-industriales de la cuenca, especialmente de las grandes concentraciones de población, entre las que se encuentran la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, así como el mantenimiento y modernización de las zonas de regadío.

Además, se marca como objetivo conseguir que en 2027 el 92% de las masas de agua de la cuenca alcancen el buen estado ecológico, conforme a la Directiva Marco. Para ello, propone llevar a cabo un tratamiento más avanzado de las aguas residuales de las principales concentraciones urbanas, así como mantener los niveles y flujos necesarios en los principales afluentes de la cuenca y en el eje del río Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.

Define, asimismo, un régimen transitorio para incrementar, de forma paulatina, los volúmenes mínimos de agua que deberán tener almacenados los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) para dar respuesta a las demandas de abastecimiento y riego de la cuenca. El volumen mínimo se incrementará desde los 240 hm3 actuales a los 400 hm3 en un plazo máximo de cinco años.

Inversiones de más de 6.100 millones de euros 

El Plan contempla, además, unas inversiones de más de 6.100 millones de euros a financiar por todas las administraciones, para alcanzar los objetivos propuestos en el Programa de medidas.

Del total de la inversión, cerca de 3.500 millones de euros se destinan al cumplimiento de los objetivos ambientales, esencialmente mediante actuaciones de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas.

Casi 2.500 millones de euros más se dirigen a la satisfacción de las demandas, con acciones preferentemente orientadas a la construcción de nuevas infraestructuras de regulación y la mejora en la atención de los regadíos, por último  contempla una inversión de 170 millones de euros en actuaciones para la mejora del conocimiento y la gobernanza.

Informes favorables 

El Plan Hidrológico del Tajo recibió el informe favorable del Consejo Nacional del Agua el pasado 26 de diciembre de 2013, tras su aprobación por el Consejo del Agua de la Demarcación y el pertinente proceso de participación pública. También ha contado con la aprobación y el informe positivo de los diferentes Ministerios afectados.

El Plan Hidrológico es el elemento básico de gestión de esta demarcación hidrográfica. Tiene como principal objetivo conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico. Marca, asimismo, las pautas para atender las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial.

En paralelo a la conclusión de este primer ciclo de planificación hidrológica, el Ministerio ya ha iniciado el segundo ciclo, que concluirá en 2015 para acompasar así el ciclo de planificación de España con el del resto de los países miembros de la Unión Europea.



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