El llamado pago verde condiciona la recepción de casi un tercio de las ayudas comunitarias de la política agraria al cumplimiento de determinados requisitos medioambientales. Este lunes se ha reunido en Madrid el Consejo Consultivo de Agricultura que agrupa al Gobierno y a las CCAA.

Según ha explicado el consejero extremeño, José Antonio Echávarri, todas las comunidades han manifestado esta postura: "Ha habido un denominador común ya que todas las comunidades autónomas lo consideramos excesivo. Tienen que flexibilizarlo", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

En lo que respecta a Extremadura, Echávarri ha asegurado que esta región "ya cumple el pago verde" porque "el 33% de su superficie tiene algún nivel de protección medioambiental". "Esas exigencias son demasiado para cumplirlas. Hemos estado todos de acuerdo en rebajar ese 30%, que sea más flexible y que cada estado miembro pueda poner el greening que interés dependiendo de la protección medioambiental que quiera hacer", ha explicado.

Un recorte para el sector

En estos mismos términos se ha pronunciado la consejera de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, quien ha añadido que el pago verde supondría un "recorte" para los agricultores y ganaderos, ya que se les reducirían las ayudas que perciben actualmente, "disminuyendo la rentabilidad de las explotaciones porque obligaría a diversificar cultivos".

A su juicio, "esto provocaría todavía mayor atomización del sector primario y debilitaría aún más a los productores". Según Soriano, la medida afectaría en su autonomía a unos 95.000 agricultores y ganaderos, por lo que ha pedido al ministro que reclame ante la UE una reducción de este porcentaje.

La consejera también le ha solicitado que pida ante las instituciones europeas que el pago verde no vaya ligado directamente al cobro de las ayudas básicas de la PAC, es decir, que "no sea imprescindible" cumplir esos requisitos medioambientales para recibir el dinero.

La consejera valenciana, Maritina Hernández, ha estado de acuerdo con estos argumentos, por lo que ha mostrado su apoyo a la posición que llevará Cañete a Bruselas para reclamar una disminución "al máximo" del pago verde, así como su flexibilización y desvincularlo del cobro de las ayudas básicas de la PAC.

Hernández ha advertido de que el greening es "inviable" para la agricultura y ganadería españolas, pero también concretamente para las "condiciones" de este sector en la Comunidad Valenciana, ya que es "imposible" pensar en diversificar el cultivo.



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