El proyecto de Real Decreto sobre RAEE, sometido recientemente a consulta pública y que transpone la Directiva 2012/19/UE, establece objetivos de preparación para la reutilización separados de los de reciclaje. Esto traduce una verdadera y convencida apuesta por los principios de la jerarquía en la gestión de residuos, donde se debe fomentar por este orden la prevención, preparación para la reutilización, reciclaje y valorización ya que solamente estableciendo un objetivo diferenciado del de reciclaje se asegurará que se realicen estos procesos. Sin duda, supondrá también un impulso para que España cumpla los objetivos marcados en la Directiva Europea de correcta recogida y gestión de estos residuos bajo este principio, ya que actualmente se encuentra lejos de su cumplimiento.

Los objetivos son necesarios para asegurar que se prioriza la preparación para la reutilización frente a otras vías de valorización o, incluso, frente a la eliminación directa, que muchas veces son elegidas bajo criterios meramente economicistas y que están provocando que se estén desperdiciando muchos materiales valiosos, alejándonos del concepto de economía circular.

España cuenta con una red de recuperadores pertenecientes a la economía social a nivel estatal- AERESS, con una experiencia de más 20 años que anualmente reporta sus resultados en relación a estas actividades de preparación para la reutilización, que demuestran que es posible alcanzar entre un 5-6% de reutilización sobre el total de lo que recogen. La demanda en el mercado de segunda mano de estos materiales está también asegurada, y prueba de ello son, por un lado, la encuesta del Eurobarometro sobre la actitud de los europeos ante la gestión de residuos y eficiencia de los recursos, donde se refleja que el 58% de la población estaría dispuesta a comprar equipos electrónicos de segunda mano y que dos de cada tres donan o venden artículos para su reutilización; y, por otro lado, la de la OCUiv donde se demuestra que los aparatos electrónicos son uno de los artículos que más se compran de segunda mano.

Actualmente esta la red de recuperadores de economía social da empleo 1.746 personas, de las cuales el 47,5% son empleos de inserción de personas en riesgo o exclusión social y con una proyección estimada de al menos 3.583 empleos si se aumentan las cantidades de materiales que gestionan. En toda Europa la red de recuperadores sociales emplean a 40.000 trabajadores. El potencial de empleabilidad en estas actividades que requieren operaciones manuales es alto y está directamente relacionado con la cantidad de materiales que se manejen. Por ello es tan importante que, además de que el texto definitivo mantenga estos objetivos, se asegure la entrega, separación y tratamiento adecuado de estos residuos de forma que se conserve su potencial para ser reparados y reutilizados. También es fundamental que se asegure la accesibilidad de los centros de preparación para la reutilización a los puntos de recogida, asegurando así un flujo suficiente y de calidad para que esta sea efectiva, cuestión que queda abierta y sin definir en la actual versión del texto normativo.

El borrador del texto normativo hace una excepción peligrosa en relación a la obligatoriedad de financiar la gestión del flujo de residuos que se convenie directamente por las entidades locales o distribuidores con los gestores de residuos.

En coherencia con el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor que obliga a éstos de la correcta gestión de los aparatos que ponen en el mercado cuando se convierten en residuo, entendemos que el Real Decreto debe dejar clara la obligatoriedad de financiar todas las labores de gestión, independientemente de por quién sean llevadas a cabo (siempre y cuando se trate de gestores legales).

Desde AERESS se celebra la apuesta de la nueva norma por la trazabilidad y la transparencia a través de la implantación de un nuevo sistema informático de recogida de información, así como con la implantación del Centro de Coordinación, abierto a la intervención de todos los agentes implicados. Asimismo, valoramos la inclusión de todo lo que tiene que ver con la fase prioritaria de prevención, por ejemplo, respecto al diseño de los aparatos y sus materiales, de forma que aseguren la durabilidad y reparabiliadad de los mismos, debiendo estas impedir la obsolescencia programada de los aparatos.

No obstante, vemos que la falta de exigencia explícita, el establecimiento de medidas ambiguas, omitidas, excesivamente voluntarias y la falta de medidas para hacer seguimiento, ponen en peligro que se realicen de forma efectiva las actividades de preparación para la reutilización, mas teniendo en cuenta la reticencia a las mismas que tienen algunos agentes.

Por último, desde AERESS se aplaude la mención en el texto a las entidades de economía social asociada a las actividades de preparación para la reutilización y venta de segunda mano, que históricamente realizan esta labor y que además de dar un óptimo y eficaz servicio en gestión de residuos, dedican recursos en ofrecer un valor social añadido que no aportan el resto de operadores con los que compite. Las herramientas de discriminación positiva como las cláusulas sociales en los concursos públicos o las reservas de mercado, que priman la labor social de los gestores, y que menciona el texto, deben ser promovidas por las instituciones públicas. No son prácticas novedosas y están siendo ya de aplicación en numerosas administraciones públicas, tanto nacionales como europeas, ya que están alineadas con las políticas y estrategias de empleo, contratación pública y Responsabilidad Social Empresarial impulsadas por Europa y España.



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