“Lo que estamos haciendo es darles facilidades a aquellos operadores que han mostrado voluntad de formalizarse y se tiene evidencia de que están avanzando en el proceso. Les hemos quitado los plazos intermedios y les vamos a dar asistencia técnica para que en abril de 2014 estén formalizados. No hay ninguna prórroga”, enfatizó el titular del Ambiente.

Por otro lado, y de manera complementaria al proceso de formalización, una comisión conformada por representantes de diversos sectores (PCM, MINEM, MINAM, MINAGRI, OSINERGMIN y SUNAT) trabajará en una Estrategia de Saneamiento para la Minería a Pequeña Escala, según se estableció en el DS 032-2013-EM, publicado este último sábado.  Este decreto no establece prórrogas más allá del 2014, ni suspende las acciones de interdicción. “Las personas que no se formalicen hasta el 2014 van a ser fiscalizadas definitivamente. Se estima que 150 mil están en el territorio, el resto deben ser interdictados porque lo probable es que los operadores que no quisieron iniciar el proceso es porque están vinculados a acciones ilícitas y en zonas prohibidas”, agregó el ministro.

La Estrategia de Saneamiento para la Minería a Pequeña Escala será gradual y con metas intermedias y anuales que permitirán que al final de este gobierno, en el 2016, se  pueda rendir cuentas de cuánto se ha avanzado. Esta estrategia contempla la consolidación de acciones como la interdicción, el control de la comercialización de insumos químicos como el mercurio y el cianuro; el control de la comercialización del oro y el pago de impuestos; así como el establecimiento de rutas fiscales y del combustible.

El gobierno continuará fiscalizando a quienes  operen fuera de la ley, como las plantas de procesamiento minero de Chala, Nazca y Pataz. En ese sentido, el ministro del Ambiente sostuvo que es posible establecer mecanismos para que la fiscalización de la minería ilegal, que está en manos de los gobiernos regionales, pueda trabajarse de manera conjunta con el gobierno central.

Asimismo, se fortalecerá el rol del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que a la fecha ya ha iniciado procedimientos administrativos a la familia de Gregoria Casas, alias “Goya”, que opera ilegalmente en la región de Madre de Dios. Ella y otros operadores como Cecilio Baca, podrían recibir multas de hasta 37 millones de soles.

Finalmente, el ministro Pulgar-Vidal reiteró la necesidad de contar con un Acuerdo Nacional para la eliminación de la minería ilegal; así como consolidar el apoyo del Poder Judicial y el Ministerio Público para eliminar las mafias que operan en este sector.



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