Ecologistas en Acción teme que los bancos de conservación, incluidos en la reforma, permitan una especie de monopoly de la Naturaleza, un mercado financiero de activos ambientales.

Para esta entidad, el proyecto de ley da varios pasos atrás en materia de prevención ambiental. No soluciona los problemas de evaluación ambiental presentes en la ley aún en vigor, ni mejora la calidad de los actualmente insuficientes informes de impacto ambiental. Además, el recorte de plazos afectará a la calidad de las evaluaciones ambientales y a las posibilidades de participación pública y se merma el carácter objetivo y determinante de la evaluación de proyectos. La creación de decenas de miles de puestos de trabajo a raíz de esta reforma, tal y como se ha anunciado, podría ser a costa de la aprobación de proyectos de gran impacto, algo que en ningún caso debería ser una solución al desempleo.

Para Ecologistas en Acción, uno de estos retrocesos más peligrosos del proyecto es el de los bancos de conservación que el  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente define eufemísticamente como un "mecanismo para evitar la pérdida neta de biodiversidad a través de medidas de compensación basado en el mercado". Son más bien mercados financieros de activos ambientales, que no aportan nada bueno a la conservación y mejora de la biodiversidad y, por el contrario, son un caldo de cultivo idóneo para la especulación y la pérdida de control legal sobre los recursos naturales más sensibles.

Con los bancos de conservación el Ministerio permitirá que proyectos que no debían ser viables por su elevado impacto ambiental, y que por eso requieren de medidas compensatorias, se puedan desarrollar comprando unos créditos valorados en función de mejoras ambientales que se lleven a cabo. La supuesta mejora ambiental adquirida no aportaría nada a la biodiversidad, pone precio en el mercado a labores de conservación y recuperación, algunas de ellas “teóricas”, que tendrían que hacerse en todo caso. Y las convierte en moneda de cambio para daños ambientales graves. El efecto neto sobre la biodiversidad, en el mejor de los casos, sería nulo, cuando no negativo, ya que nada garantiza que la mejora vaya a funcionar o sea realmente equivalente al daño a compensar.

 
Observaciones de SEO/Birdlife:

  1. No es el momento. La Unión Europea está trabajando en una nueva Directiva de Impacto Ambiental por lo que no tiene sentido una modificación previa de la legislación nacional. Además, el modelo propuesto en la nueva Ley no se está utilizando en ningún Estado europeo.
  2. No ha existido una correcta participación pública. Los principales actores como las comunidades autónomas, promotores, consultores, etc…, que deberán seguir la nueva Ley no han sido tenidos en cuenta.
  3. No resuelve los problemas actuales del procedimiento de impacto ambiental. La nueva Ley es una ley reduccionista que busca principalmente acortar los plazos de los expedientes. Este recorte en los tiempos provocará que difícilmente se cumplan los plazos y que se mejore la calidad de los estudios de impacto ambiental. Todo ello repercutirá finalmente en el medio ambiente.
  4. Análisis pormenorizado. SEO/BirdLife realizará un análisis exhaustivo de la nueva ley trasladándolo a los diferentes partidos políticos para intentar conseguir su mejora antes de su aprobación definitiva.


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