"La Generalitat trabaja en la elaboración de una ley de cambio climático para situar a Cataluña en la vanguardia mundial" de la lucha contra el cambio climático, ha anunciado Recoder en rueda de prensa para presentar la agenda del Govern ante la cumbre de Naciones Unidas Río+20, que se celebra en Río de Janeiro (Brasil) entre el 20 y 22 de junio.
El objetivo de dicha ley, para cuya aprobación el conseller ha evitado fijar un plazo pero que en cualquier caso será antes del final de la legislatura, es la evolución del modelo energético actual hacia otro con mayor presencia de las renovables y una "mayor transparencia sobre los costes reales de determinados recursos", ha señalado.
El conseller, acompañado del secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Josep Enric Llebot, y la directora general de Políticas Ambientales, Marta Subirà, ha precisado que el trabajo previo se ha centrado en el análisis de modelos europeos, y busca también una mejor coordinación entre los diferentes niveles de la Administración para lograr los objetivos comunes.
La ley pretende "utilizar la capacidad fiscal para favorecer la transición" hacia una economía verde, ha señalado Recoder, que ha puesto como ejemplos la modificación de la ley de haciendas locales para que los ayuntamientos puedan tarifar el impuesto de circulación en función de la contaminación de cada vehículo, o profundizar en modelos que graven más el consumo excesivo de bienes como el agua.
Río+20
El conseller ha señalado también, al respecto de la conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Río+20, que Cataluña tiene previsto asistir a las sesiones plenarias en el marco de la delegación española, y que lleva más de un año trabajando para impulsar acuerdos concretos.
Para ello, cuenta con la copresidencia del Energy4sd, un grupo que engloba a gobiernos subestatales del mundo, y aspira a convertirse en una voz autorizada en el contexto del Mediterráneo, ha explicado Subirà.
El reconocimiento de la ONU, en este sentido, podría dotar de más fuerza a la reclamación catalana de participar de parte de los recursos que generará el mercado de emisiones de CO2, y que está previsto que comience a funcionar a partir de 2013.
A juicio de Llebot, Cataluña está dispuesta a asumir compromisos concretos de reducción de las emisiones difusas -las que no están sujetas a la normativa-, pero para ello el Gobierno debería hacerse corresponsable y destinar parte de los ingresos previstos por el comercio de emisiones.
