El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha asistido en Sevilla a unas jornadas con los agentes implicados para presentar las novedades que aportará la nueva normativa que, actualmente en proceso de información pública.

José Juan Díaz Trillo ha indicado que con el nuevo decreto se produce una modificación sustancial de la legislación andaluza sobre esta materia, que data de 1999, para adaptarlas tanto a las exigencias de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental como a las normas sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Actualiza, ha indicado, los requisitos generales para la inscripción de estas entidades colaboradoras, concreta las actividades que pueden realizar, fija las garantías en el desempeño de sus funciones, dota de un nuevo régimen jurídico al registro administrativo en el que están inscritas y desarrolla el control de inspección que realiza la Consejería sobre las entidades.

Una de las principales novedades de la normativa es la simplificación del proceso necesario para la obtención de la inscripción como entidad colaboradora, reduciéndolo a una tramitación telemática del que se obtiene respuesta en 15 días. También se crea un Registro de Entidades Colaboradoras, accesible vía web, y éstas, además, pasan de estar en régimen de Autorización al de Declaración Responsable.

El decreto incluirá también la ampliación de los ámbitos de actuación en los que estas entidades pueden colaborar con la Administración. La norma incorpora actividades surgidas en los últimos años, como la verificación del comercio de emisión de gases de efecto invernadero, la inspección y verificación ambiental, los riesgos ambientales, la implantación de las etiquetas ecológicas o la ecoauditoría, así como la implantación de la I+D+i en el campo ambiental.

Sello de identidad

Igualmente, y para dotar de mayor seguridad al sistema, el decreto crea un anagrama-sello de identidad de las entidades colaboradoras, lo que va a permitir a la Junta de Andalucía conocer qué actuaciones realizan estas empresas. Este sello deberá incluirse en todos los informes que una entidad colaboradora emita y con él garantizan que en todo el proceso han respetado los requisitos establecidos por la Consejería de Medio Ambiente.

El decreto desarrolla, por último, las labores de inspección y vigilancia de la Administración autonómica sobre las entidades colaboradoras, con el propósito de verificar si sus actuaciones siguen las condiciones bajo las que fueron inscritas, y establece un nuevo régimen sancionador.



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