España ha mejorado notablemente su desempeño ambiental desde el cambio de siglo, pero debe asegurarse ahora que su recuperación económica no revierta estos progresos. Es lo que, de forma genérica, recomienda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), a España para los próximos años a partir de su Evaluación del desempeño ambiental del país. 

Este documento, presentado en Madrid, destaca que desde 2000, se ha reducido la intensidad de la economía en consumo de energía y carbono, ha descendido la contaminación industrial y se ha recortado la generación de residuos per cápita. Sin embargo, el informe advierte de que, a medida que la economía repunte, el crecimiento de la producción industrial podría ejercer nuevas presiones sobre el medio ambiente. 

“España ha de asegurarse ahora que su recuperación económica no revierta estos progresos. Hay margen para reforzar y a la vez simplificar las políticas medioambientales con objeto de lograr un crecimiento más sólido, incluyente y ecológicamente sostenible", detallaba el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en la presentación de dicha Evaluación en Madrid, junto a la Ministra española de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Entre las 28 recomendaciones para que España sea competitivo y más respetuoso con el medio ambiente, destaca la necesidad que España revise las medidas fiscales y las subvenciones "económicamente ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente". En ese sentido, el informe apoya una reforma que amplíe y aumente los impuestos ambientales. Por ejemplo, un aumento de los impuestos sobre el diésel hasta el nivel correspondiente a la gasolina podría contribuir a proteger el medio ambiente, permitiendo asimismo una reducción de la tributación del trabajo, recomienda la OCDE. El informe también explica que partiendo de las medidas ya adoptadas, España también puede avanzar más en la simplificación y racionalización de la regulación ambiental, puesto que la complejidad de su normativa y la gestión descentralizada continúan imponiendo a las empresas una carga burocrática gravosa en materia ambiental, añade el informe.

La OCDE también recomienda "vigilar" las presiones que el sector turístico y el crecimiento de la población en las áreas del litoral han creado en esas zonas. A pesar de ello, destaca que "la legislación española en materia de biodiversidad es una de las más ambiciosas de los países de la OCDE y la huella ambiental del sector industrial español es relativamente pequeña". 

En el Informe se destaca la gran cantidad de exigencias que establece la normativa ambiental y la relativa descoordinación de su aplicación en las 17 comunidades autónomas. "Si bien se han conseguido algunos resultados en la simplificación del sistema, aún podría hacerse más para aliviar la carga que pesa sobre las empresas y recortar los costes que soporta la economía, sin poner en peligro el nivel de protección del medio ambiente", añade. 

Protección ambiental 

A pesar de que el documento reconoce que aproximadamente un 29% de la superficie de España y un 8,4% de sus aguas territoriales disfrutan de algún tipo de protección ambiental, uno de los niveles más altos entre los países de la OCDE. El país alberga también una rica biodiversidad, "el estado de conservación de aproximadamente un 40% de los hábitats y especies es relativamente desfavorable". 



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