El gobierno de Michelle Bachelet ha incluido impuestos verdes en su Reforma Tributaria, con el fin de gravar parte de los impactos de fuentes contaminantes (con potencia mayor a 50 MW térmicos, especialmente termoeléctricas a carbón) y vehículos diesel de alta cilindrada para uso particular.

El impuesto verde (articulo 5º de la Reforma) gravará las emisiones de material particulado, oxido de nitrógeno y dióxido de azufre en 0,1 dólar por tonelada emitida, monto  bajísimo, pero que la autoridad  asegura haber calculado en base al costo en la salud de la población.

Además de la contaminación local, el impuesto grava emisiones de CO2, causante del calentamiento global, en 5 dólares por tonelada, (1/4 del gravamen internacional).

No obstante lo reducido del impuesto, valoramos la medida  pues sincera ante la sociedad y  el mercado, los impactos de estas tecnologías tienen sobre el ambiente y la salud de la población y propicia la transición hacia una matriz más limpia.

En desmedro, ejecutivos de Gener (la mayor generadora termoeléctrica del país) han manifestado a los medios que la medida distorsiona el mercado, (cuando la verdad es que lo sincera) y augura un aumento de 22 % en los costos de la energía, lo cual ha sido desmentido por la Comisión Nacional de Energía y otros estudios que muestran que no habrá aumentos en las cuentas de energía, pues los consumidores residenciales (sujetos a contratos con clientes regulados) pagan tarifas ya licitadas entre 2006 y 2013, las cuales legalmente no se pueden modificar y las futuras licitaciones a desarrollarse a partir de 2015 sólo se traducirán a tarifas desde el año 2019.

Los que sí deberán asumir parte del costo del impuesto verde, son aquellas empresas con consumos superiores a 2 MW, (todas ellas grandes empresas mineras), que tengan contratos con eléctricas que incluyen el traspaso a tarifa de cualquier alza en la producción de energía.

En consecuencia, las grandes mineras compartirán con las empresas termoeléctricas el costo del impuesto verde, el cual se estima entre 2% y 3%, tal como establece el principio de “quien contamina paga” en la política energética y ambiental a nivel internacional.

El impuesto verde va en la dirección correcta para un país que se ufana en ser miembro de la OECD, pero además con una sociedad empoderada, donde nadie podrá mantener al país encadenado a las energías sucias.



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