¿Cuáles son los delitos ambientales más habituales en la UE?

Dañar la capa de ozono puede suponer cadena perpetua o una simple multa, dependiendo del país de la Unión Europea (UE) donde se cometa el delito. Similar situación ocurre con la destrucción de hábitats protegidos -con penas que van desde los 6 meses a los 20 años o más según el país-, o el tráfico con materiales nucleares, que supone medio año de cárcel en Luxemburgo y prisión permanente en Bulgaria.

Un estudio, impulsado por SEO/BirdLife y desarrollado con la colaboración de Centre de Estudios de Derecho ambiental de Tarragona, analiza la amplia disparidad del tipo de sanciones penales y grado de severidad frente a iguales delitos ambientales cometidos en la UE y concluye que, en la futura Europa de los 27, sería aconsejable que las penas se aproximasen y armonicen entre países, garantizando su efectividad y el principio de proporcionalidad.

De igual modo, el informe subraya la necesidad de que las autoridades comunitarias analicen la fuerza disuasoria de las penas: "¿La amenaza de una pena de cárcel ineludible, aunque sea seis meses, es más efectiva que una potencial pena de dos años que permite al acusado evitar su ingreso en prisión?", se preguntan desde SEO.

Efectividad de las penas

Contra el crimen ambiental, se aplican diferentes tipos de sanciones según los Estados. Desde multas, a prisión o una combinación de ambas. Las penas de prisión son las más habituales en el conjunto de la UE. Sin embargo, las condenas varían significativamente. Por ejemplo, el vertido o emisión de sustancias que puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños en el medio ambiente, puede suponer cadena perpetua en Malta; 20 años en Grecia o en Italia; 12 años en España y Eslovenia; 5 años en Francia o Portugal; o solo un máximo de 6 meses en Luxemburgo. En diez de los países analizados, el juez puede decidir imponer una multa en lugar de la cárcel. Esta opción no se da en España con este delito, pero sí en otros tipos penales como traficar o dar muerte a una especie protegida, como un urogallo o un oso pardo.

De todos los países analizados, Luxemburgo, Estonia, Dinamarca y Austria son los menores penas imponen ante los delitos ambientales. España se halla en la mitad de esta escala de severidad, con penas que oscilan entre los 12 años por vertidos o emisiones peligrosas y el año de cárcel por el traslado de residuos.

La disparidad es tal que el número de países con penas iguales para un mismo delito ambiental no supera el 32% en ninguno de los nueve tipos penales que recoge la Directiva. Y existen diferencias llamativas. Por ejemplo, operar una planta química peligrosa no implica pena de cárcel en Letonia, bajo ninguna circunstancia, mientras que en España supone pena de cinco años y multa. En Reino Unido, destruir la capa de ozono se salda con una multa como máximo mientras que la opción mayoritaria, pena de 5 años, está presente en el 29% de los países de la UE.



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