Un informe que la Comisión Europea hecho público señala cómo las tecnologías moleculares basadas en la genética, la genómica, la química y la medicina legal pueden aportar respuestas claras a preguntas tales como "¿de qué especie procede este producto pesquero?, ¿dónde se pescó este pez? ¿es silvestre o de granja?". El informe, realizado por el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión, se titula «Represión de las actividades ilegales en el sector pesquero" ("Deterring illegal activities in the fisheries sector) e indica cómo esas tecnologías pueden contribuir a la lucha contra las prácticas ilegales y a la trazabilidad, inclusive de productos transformados como el pescado enlatado, desde el mar hasta la mesa.
Maria Damanaki, Comisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca, ha declaró que "la pesca ilegal representa al parecer 10 000 millones de euros al año en todo el mundo. Se trata de una actividad delictiva que afecta negativamente a la economía mundial, perturba los ecosistemas marinos y perjudica a las comunidades pesqueras y a los consumidores. Si no se cumplen las normas en las aguas de la UE y fuera de ellas, no puede haber una pesca sostenible. Hoy se ha dado un primer paso en una nueva era, ahora toca transferir estos nuevos conocimientos científicos a la práctica cotidiana en toda Europa".
Máire Geoghegan-Quinn, Comisaria europea de Investigación, Innovación y Ciencia y primera responsable del JRC, ha declarado, por su parte, lo siguiente: "Este informe crucial de los científicos propios de la Comisión que trabajan en el JRC indica la manera en que un uso más amplio y coordinado de tecnologías moleculares innovadoras puede contribuir a atajar el fraude en la pesca y a cerciorarse de que los consumidores reciben lo que han pagado y saben lo que comen".
El etiquetado del pescado y los productos pesqueros con nombres de especie u orígenes geográficos falsos son dos técnicas fraudulentas extendidas en el sector pesquero. El informe describe la manera en que los métodos moleculares, tales como los basados en la tecnología del ADN, hacen posible determinar las especies incluso en productos transformados sin necesidad de peritaje especializado. Por lo tanto, las tecnologías moleculares constituyen una herramienta eficaz de cara a un control independiente y puede recurrirse a ellas en los procedimientos de comprobación, sobre todo en los llamados reconocimientos físicos de un envío, producto, contenedor, almacén, etc.
El informe del JRC aboga por un planteamiento europeo coherente y práctico con vistas a facilitar nuevas tecnologías moleculares a las autoridades de control y aplicación de la normativa de la UE. Su objeto es fomentar un diálogo con conocimiento de causa entre las diversas partes interesadas y propone las medidas concretas siguientes:
- Intensificar la difusión de la información y el asesoramiento pertinentes entre todas las partes interesadas.
- Facilitar a los laboratorios de análisis de los Estados miembros acceso a los repertorios comunes de datos de referencia y a otros conocimientos útiles para el análisis del pescado y los productos pesqueros. Estos repertorios podrían ser parecidos a la base de datos "fishtrace" que alberga el JRC.
- Una red de laboratorios de ensayos certificados para efectuar análisis a efectos de control y cumplimiento de la normativa y para difundir protocolos analíticos armonizados y validados.
- Garantizar la formación completas de los inspectores y personal de laboratorio para la manipulación y análisis correctos de las muestras.
El JRC está evaluando actualmente los costes y beneficios basándose en un análisis de más cien casos notificados para facilitar la aplicación en la práctica de las tecnologías correspondientes. Los costes de muchas de esas tecnologías, sobre todo de las relacionadas con el análisis del ADN, están disminuyendo de forma considerable.
Para mejorar la trazabilidad de los productos pesqueros y combatir la pesca ilegal, la Comisión está haciendo hincapié ahora en la aplicación del Reglamento INDNR conforme al cual todos los productos pesqueros marinos deben llevar un certificado de captura validado. Incumbe a las autoridades competentes de los Estados miembros validar los certificados. Las tecnologías punta de control, tales como la descrita en el nuevo informe del JRC, pueden contribuir a ello.
