Un trajín de agricultores y tractores envolvía este miércoles los márgenes de la Real Acequia del Jarama a la altura de San Martín de la Vega (Madrid). Ninguno de los agricultores sabía nada del vertido radiactivo de 1970 que la dictadura ocultó ni de las ocho zanjas en los márgenes a lo largo del canal de riego en las que se enterraron los lodos contaminados por aquel accidente.

Una de esas zanjas, según la documentación a la que ha accedido EL PAÍS, se excavó junto a la conocida entonces como ermita de San Blas, en el término municipal de San Martín de la Vega, cerca de donde el miércoles trabajaban esos agricultores que decían que eran demasiado jóvenes para acordarse de aquello o que no tenían tiempo para pararse a hablar.

Banqueta

Ese cementerio o banqueta, como se denomina en los expedientes del caso a las zonas en las que se escondieron las tierras contaminadas con cesio 137 y estroncio 90, no está hoy señalizado ni delimitado de ninguna forma.

Tampoco figura esa banqueta, ni las otras siete en las que se escondieron residuos, en ningún inventario oficial. Simplemente, porque en España no existe todavía un catálogo de tierras afectadas por contaminación radiactiva, y ello a pesar de que la normativa vigente lo exige desde hace una década.

Nuevo Reglamento

En enero de 2008 se aprobó el Real Decreto 35/2008 a través del que se modificó el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. En el preámbulo se destacaba, “como aspecto novedoso”, que con esa modificación se regulaba “el control de áreas contaminadas” para dar “solución al control de terrenos o recursos hidrológicos que, no perteneciendo a instalaciones reguladas por el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se hayan visto afectados por contaminación radiológica”.

Ese fue precisamente el caso de los márgenes del canal de riego del Jarama en los que el franquismo enterró de forma clandestina los lodos contaminados por el vertido de la extinta Junta de Energía Nuclear (JEN). El vertido se inició en el Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid y que hoy es la sede del Ciemat.

Estas instalaciones sí estaban consideradas como nucleares (había incluso un reactor experimental, origen del vertido). Pero las aguas tóxicas se colaron por las alcantarillas y salieron del recinto hasta el Manzanares, el Jarama y el Tajo. El rastro de contaminación se acumuló en los fondos del canal de riego y de ahí los técnicos sacaron la tierra y la enterraron en las zanjas.

El artículo 81 del real decreto de 2008 señala: “El Consejo de Seguridad Nuclear [CSN] elaborará un inventario de los terrenos o recursos hidrológicos de los que tenga conocimiento que se hayan visto afectados por contaminación radiológica, informando de ello a las autoridades competentes a los efectos oportunos”.

CSN

El CSN -heredero junto al Ciemat de la extinta Junta de Energía Nuclear (JEN)- conoce perfectamente que se produjo el vertido y el enterramiento de los lodos radiactivos a lo largo del canal.

De hecho, en 2012 el área de Protección Radiológica Ambiental del CSN elaboró un informe relacionado con el futuro inventario de suelos contaminados que concluyó que se debe “realizar una caracterización más completa del alcance de la contaminación” en los enterramientos del Jarama. Pero la aprobación del inventario está paralizada.

En abril de 2010 se constituyó un grupo de trabajo entre el CSN, el entonces Ministerio de Energía y Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos. En el transcurso de aquel proceso se elaboró el informe sobre el Jarama.

El CSN llegó a redactar un borrador para un segundo real decreto en el que se establecían los criterios para declarar los suelos contaminados y poder hacer el inventario. Pero, una década después, el real decreto que permitirá tener ese catálogo aún no se ha aprobado.

Un portavoz del CSN señala que el borrador del real decreto que se redactó “asignaba al ministerio la responsabilidad de la declaración de un suelo como contaminado o como un suelo con restricciones de uso por razones radiológicas y, con ello, un inventario de esos suelos”. “Pero, finalmente, no se aprobó este proyecto de real decreto que implicaba modificar previamente la Ley sobre Energía Nuclear 15/1964”, añade.

Fuente: EL PAÍS / MANUEL PLANELLES,

Artículo de referencia: https://elpais.com/sociedad/2018/09/16/actualidad/1537117098_743937.html,