Así ha indicado que las sanciones para las infracciones así calificadas pueden ser diversas y la multa puede oscilar desde los 200.001 euros y hasta los 2.000.000 de euros.

Así lo ha explicado la consejera durante su comparecencia a petición propia ante el Parlamento asturiano para explicar las medidas adoptadas ante el vertido de fuel a la ría de Aboño, ocurrido el pasado 26 de junio en la central térmica de Aboño.

Preguntada por la intención del Principado de personarse en la causa abierta por el vertido, la consejera ha descartado esa posibilidad ya que ha indicado que "personarse ahora no aportaría absolutamente nada, más bien todo lo contrario", ya que a su juicio podría paralizar la vía administrativa.

"La colaboración con la justicia es plena. En estos momentos estamos en la parte incipiente de la instrucción y una vez la empresa aporte la documentación se decidirán las medidas que procedan, hoy por hoy nuestra posición es de tranquilidad porque estamos actuando con firmeza y ambición. Tenemos una actitud proactiva y colaboradora con la justicia", ha indicado la consejera.

Así ha insistido en que "el pliego de cargos ha sido notificado a Hidroeléctrica del Cantábrico como procede, y a partir de ahora la empresa dispone de un plazo de diez días para contestar a los cargos y presentar o proponer la práctica de cuantas pruebas considere convenientes. "Sin perjuicio de la sanción que se imponga se aplicará el principio irrenunciable de derecho ambiental de que el que contamina paga y repara y previene de nuevos episodios", ha dicho Fernández que ha añadido que "serán firmes y rigurosos en la exigencia de cumplimiento de este principio".

Ha explicado que el accidente tuvo lugar por la concurrencia de al menos dos hechos fundamentales imprevistos -la rotura de una tubería y la conexión entre las redes de fluviales y de refrigeración – y ha manifestado que ahora habrá que indagar y determinar si la tubería estaba desgatada o las razones que llevaron a su rotura, al igual que la conexión entre la red de aguas fluviales y la de refrigeración. "Creo que hay medidas adicionales que se pueden exigir para evitar hechos nuevos como el acaecido", ha indicado la consejera.

Fernández ha manifestado que la compañía avisó telefónicamente a su consejería a las 9.20 horas de la mañana y los hechos se produjeron a las 5.15, con lo que "la empresa ha cumplido con creces lo que establece la Autorización Ambiental Integrada, ya que se establece un plazo de 24 horas para poner los hechos en conocimiento de la Autoridad".

"Probablemente pudo ser más inmediata en la llamada pero se hizo dentro del periodo establecido y se hizo en un plazo razonable", ha dicho Fernández, que ha destacado que se estima que a las 11.30 de la mañana se dejó de verter fuel a la Ría de Aboño. Ha insistido además en que "se ha actuado con toda la diligencia debida".

Ha explicado además que un comité científico asesorará al Principado en la aprobación del plan de restauración ambiental previsto con motivo del vertido. Este órgano, de carácter técnico, está integrado por nueve especialistas; cuatro científicos de la Universidad de Oviedo y cuatro expertos adscritos a la Administración autonómica.

El diputado socialista, Fernando Lastra, ha manifestado que las comparecencias sirven para medir la actitud política de unos y otros y ha criticado que haya diputados que "hayan intentado crear una alarma injustificada". "Entiendo que haya grupos parlamentario que quieran tener su propio Prestige, pero este incidente no es comparable", ha dicho Lastra.

Falta de información

Por su parte, el diputado de Foro Asturias, Albano Longo, ha criticado el comportamiento de la empresa que "un mes después aún no ha comparecido ante la ciudadanía para informar de lo ocurrido" y ha lamentado también "que el equipo de Gobierno no se haya dignado a comparecer hasta hoy".

Así, tildó de "clientelar" la actitud del Gobierno del Principado que a su juicio "ha actuado a remolque de la Fiscalía".

Desde el PP, su diputada Victoria Delgado, ha indicado que tras escuchar a la consejera se puede extraer que hubo una "deficiente información de las circunstancias en las que se produjo el accidente, de lo que es culpable la consejería y la compañía HC". Así mismo ha criticado la "descoordinación" de las diferentes áreas del Principado.

"Hay indicios de un delito ecológico", ha insistido la diputada del PP que ha asegurado que su grupo desea contribuir para que no se vuelvan a producir un accidente como este.

La diputada de IU, Emilia Vázquez, ha indicado que el Valle de Aboño soporta unos límites de contaminación muy elevados y el vertido ya "llueve sobre mojado". Ha indicado que en ningún caso se puede hablar de accidente, sino como mucho de una "negligencia".

"El incidente tiene más relevancia por el sitio donde se produce y por la empresa causante y la mejor manera de que no se produzca más es que el Gobierno se implique con una normativa más exigente", ha dicho Vázquez, que ha reclamado además una vigilancia permanente del cumplimiento de la legislación.

El portavoz del Grupo Mixto y diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha recriminado al Ejecutivo "falta de rigor" a la hora de informar sobre el vertido y ha tildado de "pasiva" la actitud del Gobierno que se ha limitado a "esperar la información por parte de la empresa".



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