Aunque el proyecto de ley también exige la reforestación de millones de hectáreas, los ecologistas consideran que las normas que estipulan la superficie del bosque que se debe preservar son poco exigentes y dan demasiadas facilidades a los campesinos, responsables en gran parte de la deforestación realizada en la región del Amazonas y otras zonas del país en las últimas décadas.

Rousseff aún puede vetar el texto legislativo, uno de los más polémicos que ha aprobado el Congreso brasileño en los últimos años. El proyecto de ley ha recibido el apoyo de algunos diputados su partido y de miembros de su coalición -integrada por varios partidos-, pese a que la presidenta había dicho que iba a vetar versiones anteriores de la norma por considerar que era demasiado indulgente con los agricultores que han despejado áreas forestales para poder cultivar.

La versión final, que es el resultado de los numerosos cambios introducidos en una versión anterior respaldada por el Gobierno, establece que serán los distintos estados del país los que decidan la superficie que se debe reforestar en riberas de los ríos, de manera que aquellos estados donde la agricultura es un sector fuerte podrían hacer unas peticiones mínimas a los campesinos.

Greenpeace

La organización ecologista Greenpeace ha denunciado en un comunicado que el proyecto de ley "concede una amnistía total e ilimitada a quienes han deforestado" y además "va en contra de lo que quería el Gobierno". Si Rousseff "no reacciona y veta este texto, este futuro será su legado", ha añadido.

La suavización de las exigencias que había reclamado el sector agrícola fue posible porque un grupo de diputados de la coalición gobernante se rebelaron. Si Rousseff decidiese vetar el texto, una mayoría suficiente en el Congreso podría a su vez anular el veto de la presidenta.

El líder del Partido de los Trabajadores -la formación de Rousseff- en la Cámara de Diputados (la Cámara Baja) admitió que "el Gobierno ha perdido".

Fuera de Brasil se han seguido con interés las informaciones sobre la polémica norma legislativa y los efectos que tendrá. Brasil posee la mayor selva tropical del mundo y es considerado un país de referencia para otros países en vías de desarrollo por la forma en que gestiona esa selva.

Los agricultores ven un cambio positivo

La presidenta de la Confederación Agropecuaria de Brasil, Katia Abreu, defendió la nueva ley afirmando que no implica "necesariamente" que los estados vayan a imponer normas menos estrictas que el Gobierno central en lo referente a la reforestación de las riberas. Además, destacó que permitirá reglas mejor adaptadas a las características de cada región.

Pero Abreu también insinuó que las normas serán menos rígidas al señalar que, con el proyecto de ley anterior, los campesinos habrían tenido la obligación de reforestar una superficie de 30 millones de hectáreas, sacrificando tierras de cultivo. En este contexto, dijo que solo se podrá saber la extensión que se deberá reforestar cuando los estados hayan fijado n sus normas.

La deforestación en Brasil se ha ralentizado en los últimos años gracias a una mayor eficacia de las autoridades a la hora de obligar al cumplimiento de la ley y al uso de imágenes obtenidas por satélite para observar las zonas donde se talan más árboles.

Un punto clave de la nueva ley permitirá a los propietarios de tierras contar los bosques de las riberas, de las cimas de las colinas y de las pendientes escarpadas para alcanzar la proporción total de zona forestal que deben preservar en sus tierras. Actualmente, no pueden incluir esas áreas en el cálculo.

Los campesinos argumentan que la incertidumbre generada por las leyes actuales impedía realizar inversiones. Brasil es el principal productor mundial de café, azúcar, carne de ternera y zumo de naranja y un importante productor de soja y maíz, y la agricultura representa más del 5 por ciento de su PIB.

Los agricultores deberán inscribirse en un programa de reforestación en el que se usarán satélites para comprobar si están cumpliendo las normas. Los infractores podrían perder su derecho a la financiación rural.

Con la legislación actual, los campesinos tenían que reforestar una extensión equivalente a la superficie de Alemania, Austria e Italia juntas, según los ecologistas. Con la nueva ley, se reforestarán unos 24 millones de hectáreas -aproximadamente, el tamaño de Reino Unido-, según estimó un miembro del Gobierno el año pasado.

WWF

WWF condena la nueva versión del Código Forestal, impulsada por los sectores más obsoletos de la potente industria agroforestal de Brasil, al no tener en cuenta los costes sociales y ambientales. Desde 2006, Brasil ha demostrado que puede reducir enormemente su tasa de deforestación, a la vez que aumenta la producción agrícola y reduce la pobreza. Sin embargo, esta versión de la ley amenaza los logros que tanto esfuerzo le ha costado a los ecologistas y a la sociedad brasileña.
 
“La Presidenta Rousseff hizo la promesa de que no toleraría las leyes que promovieran nuevas oleadas de deforestación o amnistiaran crímenes forestales del pasado. Ella sabe que estos cambios son negativos para Brasil y para el medio ambiente. Le pedimos que mantenga sus promesas”, declaró María Cecilia Wey de Brito, Directora General de WWF Brasil.

Las amnistías propuestas no solamente significarían dejar de perseguir a los criminales ambientales, sino también unas pérdidas de unos 4.800 millones de dólares en multas.



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