La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha explicado que el Gobierno andaluz está "absolutamente comprometido" con el cambio hacia un modelo productivo y energético más sostenible y, por tanto, la Administración tiene que incentivar los esfuerzos que realizan las empresas para disminuir la contaminación en sus actividades, mientras estas inversiones supongan un "sobrecoste" para ellas.

En esta misma línea, ha recordado que la Junta se muestra comprometida con los objetivos del Consejo Europeo para el año 2020, que supondrán "un 20% de reducción de gases contaminantes, un 20% de ahorro energético y un 20% de producción de energías limpias" y ha valorado los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Cancún, "muchos de los cuales ya estamos desarrollando, desde la vanguardia, en Andalucía".

El nuevo sistema, cuya elección es voluntaria por parte de las empresas solicitantes, no tendrá en cuenta los costes y beneficios de explotación generados por la inversión adicional específicamente dirigida a protección ambiental. A cambio de la mayor agilidad que se introduce, la no consideración de estos criterios supondrá una reducción proporcional de los porcentajes máximos de ayuda, en los términos señalados por la normativa de la Unión Europea.

Junto con el nuevo método de cálculo de los costes incentivables, el Consejo ha incluido también una medida para reforzar el apoyo al sector agroalimentario. De este modo, los proyectos de mejora energética promovidos por empresas de transformación y comercialización agraria podrán recibir ayudas aunque estén recogidos en el Plan de Desarrollo Rural, una posibilidad anteriormente no prevista.

Las dos modificaciones aprobadas afectan tanto a los incentivos directos de la Administración autonómica como a los que gestiona procedentes de fondos europeos con destino a incrementar el nivel de protección ambiental del transporte y fomentar el ahorro energético, las fuentes renovables y la cogeneración.

Junto con estas ayudas, el decreto de 2009 regula también las orientadas a proyectos de reducción de la contaminación, climatización urbana eficiente, gestión de residuos, recuperación de suelos contaminados y realización de estudios. En líneas generales, se dirigen tanto a empresas como a otro tipo de entidades y a particulares, con el fin de corregir el fallo de mercado que origina un nivel de protección ambiental inferior debido a la pérdida de competitividad imputable a los costes de disminuir la contaminación y aumentar la sostenibilidad energética. Los porcentajes máximos de las ayudas son tanto mayores cuanto menor es el tamaño de la empresa y pueden llegar al 100% en el caso de proyectos de recuperación de suelos contaminados.



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