SEO/BirdLife publicó las conclusiones de las tres jornadas de debate, celebradas en mayo y junio, en las que se propusieron, entre otras ideas, una mejor evaluación de impacto ambiental, más información para los ciudadanos sobre consumo energético, incentivos y precios, y revisar el papel de las empresas energéticas y su marco regulador. Este proceso participativo organizado por SEO/BirdLife, contó con el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Entre algunas de las acciones identificadas en el documento se destacan:

  • Mejorar la transparencia y participación en la planificación energética, en la evaluación ambiental de los planes y proyectos y en la toma de decisiones.
  • Conseguir una mayor concienciación ciudadana sobre cuestiones energéticas, a través de programas formales de educación, publicidad y etiquetado y más información en las facturas sobre las tarifas.
  • Promover el autoconsumo para descentralizar la producción energética.

Según David Howell, Coordinador del Área de Políticas Ambientales de SEO/BirdLife "mejorar la planificación, regulación y participación podría agilizar la implantación de las energías renovables, pero siempre con el compromiso de conservar mejor el medio natural y avanzar de manera rápida y responsable en la lucha contra el cambio climático. Así, España tiene más posibilidades de mantener y fomentar un sector que sea un verdadero referente a nivel europeo y mundial".

Por su parte Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife, afirma que "es urgente cambiar el modelo energético de nuestro país y para ello, como para cualquier gran reto ambiental como la pérdida de biodiversidad o el agotamiento de los recursos naturales, es imprescindible la participación pública activa. Espacios de diálogo de este tipo son imprescindibles en el debate energético y esperamos que las administraciones responsables a nivel estatal, autonómico y municipal tomen nota".   

El documento de conclusiones se enviará a todas las administraciones responsables y órganos legislativos a nivel estatal y autonómico, y a la Federación Española de Municipios y Provincias.



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