Según el texto presentado por el grupo socialista, desde hace 20 años se asignan fondos a los municipios en los que se ubican centrales nucleares que almacenan combustible generado por ellas mismas en su propio emplazamiento, instalaciones centralizadas específicamente concebidas para el almacenamiento de residuos radiactivos o centrales nucleares en fase de desmantelamiento; sin que éstos se hayan desvinculado económicamente de las instalaciones nucleares.

  
Por ello, pedía al Ejecutivo un fondo adicional, con un coste de 150 millones de euros, con el fin de que estas localidades pongan en marcha Planes de Dinamización Económica y Social, para generar proyectos de inversión que contribuyan a la generación de economías alternativas en los municipios afectados.



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