En el encuentro del 18 de diciembre se han acordado las posiciones de los Ministros para los pliegos legislativos de la Directiva de Energías Renovables, Gobernanza de la Unión de la Energía y la Iniciativa de Diseño de Mercado.   

Los Ministros de Energía han dejado patente su poca voluntad política y la falta de ambición, al apostar de nuevo por un objetivo de energías renovables del 27% para 2030, cifra que, en comparación con los esfuerzos anteriores, queda reducida y retrasa la transición energética en la Unión Europea. 

Además han convenido que miles de millones de euros de los contribuyentes europeos sirvan para, por un lado, financiar nuevas centrales basadas en la quema de combustibles fósiles y, por el otro, en forma de pagos por capacidad, para asegurar la extensión de la vida útil de las existentes. 

Amigos de la Tierra ha lamentado que también se hayan rebajado las provisiones para lograr un sistema energético más democratizado mediante la participación y titularidad ciudadana en las instalaciones renovables. 

Héctor de Prado, responsable del área de Clima y Energía de la asociación ecologista, ha afirmado que “esta década es crucial para mitigar el cambio climático. Las señales son claras para todos, y las buenas noticias es que disponemos de los medios para hacerlo. Pero parece que nuestros Ministros están más interesados en legislar para el beneficio de unos pocos en lugar de abrir el sistema energético a todos los actores europeos, incluida la ciudadanía. Esta notable falta de voluntad ha quedado especialmente estampada con la cifra de renovables acordada, un número ridículo y a todas luces insuficiente para ponernos en la senda del Acuerdo de París”.   

El técnico ha lamentado se ha quedado el papel que está teniendo el Gobierno español en las reuniones desde que la Comisión Europea publicara hace un año el Paquete “Energía limpia para todos los Europeos”. Junto a Alemania, España ha jugado un rol muy negativo durante estas negociaciones, dejando muy clara su intención de negar a la ciudadanía los beneficios potenciales que conllevaría una transición energética inclusiva y descentralizada. 



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