El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, denunció "la demagogia" del Gobierno con el nuevo marco aprobado por el Consejo de Ministros para las energías renovables, ya que supone señalar al sector como "el culpable de todos los males".

"Se juega a confundir. No es serio jugar a poner a la opinión pública contra un sector que es el gran damnificado", señaló Villarig.

El presidente de la patronal, que a falta de una lectura detallada indicó que no prevé que el Real Decreto cuente con "cambios sustanciales" a los que ya se conocían, aseguró que se toma "un fallido punto de partida", ya que "no se persigue la eficiencia y la buena gestión". Además, denunció que las medidas adoptadas por el Gobierno demuestran la "ausencia de seguridad jurídica", aplicándose con retroactividad.

Así, lamentó que el Ejecutivo haya considerado a las energías renovables "como las culpables del déficit de la tarifa eléctrica, cuando son las únicas energías que podrían ayudar a reducir la dependencia energética, verdadero problema del sistema español".

UNEF: "El decreto de renovables "ahonda" en la ruptura de la seguridad jurídica"

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) denunció que el decreto sobre renovables "ahonda" en la ruptura de la seguridad jurídica del sector y que este decreto se caracteriza por la "arbitrariedad" de criterios, "pues los parámetros sobre los que pivota podrán variarse cada tres años y la tasa de rentabilidad razonable cada seis".

La patronal destacó que el 30% de los proyectos fotovoltaicos sufrirá recortes de en torno al 40% de los ingresos previstos, lo que llevará a estos proyectos a no poder hacer frente al pago de la deuda que tienen con los bancos, "a menos que se realicen quitas del 20%".

Por ello, UNEF puntualizó que el texto aprobado "no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por el sector" y que "imposibilita no solo la financiación de nuevos proyectos en España, sino también la refinanciación de los existentes".

Para José Donoso, director general de UNEF, el decreto "penaliza no sólo el pasado, sino también el futuro". "Con la inseguridad jurídica que se ha creado para nuestro país, será muy difícil en el futuro convencer a los inversores de que acudan a este sector, o sólo lo harán con una prima de riesgo que perjudicará la competitividad de la tecnología", finalizó.

Para UNEF, la aprobación de este marco normativo supone además la posibilidad de que "desaparezca en la práctica y debido a eventuales modificaciones del mecanismo de casación del mercado eléctrico, la ’prioridad de despacho’ de las energías renovables a la hora de vender su electricidad en el mercado mayorista, un derecho recogido en la normativa europea UE/2009/28".

Anpier se manifiestan el 21 de junio

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) convocó una manifestación para el próximo 21 de junio en Madrid para protestar por las "graves consecuencias de las reforma energética" y pidió al ministro de Industria, José Manuel Soria, y al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que "respondan legalmente" por su contenido.

Los inversores en fotovoltaiva "no contarán con los retornos que tenían garantizados por el Estado para afrontar los pagos pendientes con la banca, 18.000 millones de euros", afirmó la organización.

"Si el Estado, en sus populares y didácticas campañas de captación de inversores, hubiera advertido de algún atisbo de riesgo o incertidumbre, estas familias jamás hubieran destinado ni un solo céntimo, puesto que se ofreció como una inversión rentable, ética y segura", señaló.

Para Anpier, resulta una "irresponsabilidad absoluta aprobar una reforma de este alcance sin consenso sectorial, político, territorial ni interno en el propio Partido Popular, puesto que incluso comunidades gobernadas por el PP, como Murcia o Extremadura, han llevado al Tribunal Constitucional esta reforma".

Además, "exige" a Soria y Nadal que renuncien a sus aforamientos, puesto que "resulta disparatado que se pueda imponer una política de Estado vital, como es la energética, cuando sus autores nunca tendrán que responder del resultado".

AEE cree que la reforma deja a la eólica en una posición "insostenible"

Asimismo, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Luis Polo, afirmó que el nuevo real decreto de renovables es "incomprensible y profundamente injusto", ya que "discrimina a la eólica y la sitúa en una posición insostenible".Polo subrayó que establece un sistema económico "claramente retroactivo y que genera una situación de inseguridad jurídica por no respetar las inversiones realizadas".

Así, el directivo de la AEE consideró que este nuevo decreto trata su sector, "sin duda el más penalizado por la reforma energética", de una manera "injusta" cuando no es culpable del déficit de tarifa, ya que representa solo el 11,4 % de los costes regulados, reduce los precios de la electricidad, y ha sido la primera fuente de electricidad de España en 2013".

Apecyl reprocha la falta de diálogo.Asimismo, la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, el territorio con más potencia instalada de España, reprochó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la falta de diálogo con el sector, antes de aprobar un real decreto sobre las renovables que en su opinión no da certidumbre.

Tras conocer el contenido del real decreto que fija el esquema retributivo para las energías renovables, el secretario general de Apecyl, Eugenio García Tejerina, se mostró crítico con los sucesivos cambios en la normativa que regula este sector y con que sean "siempre los mismos", en alusión a las renovables, los que tengan que hacer sacrificios para compensar el déficit tarifario.

El representante de esta patronal avisó de que la falta de diálogo con el sector abre una vía de litigiosidad, por lo que su asociación analizará el decreto-ley para identificar los perjuicios y posibles aspectos recurribles ante los tribunales de justicia.

García Tejerina puso en duda las palabras del ministro José Manuel Soria sobre la "certidumbre" que dará esta normativa al sector, ya que "las modificaciones legislativas cada seis u ocho meses pueden dar otras cosas, pero no certidumbre".

Los empresarios se quejan de que, a la hora de cambiar el modelo para reducir el déficit tarifario, los sucesivos ministros no han tenido en cuenta que las inversiones realizadas en plantas de generación de energías renovables se hacen con planes de viabilidad basados en unos cálculos de ingresos que están influidos directamente por las leyes.

Acogen ve un "paso en la dirección adecuada".Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) consideró que el decreto sobre renovables es un "paso en la dirección adecuada" para el sector y apuntó que puede ser adecuado para paliar la situación "de desplome productivo de las plantas de cogeneración" y puede suponer recuperar competitividad y empleo industrial.

"La supervivencia de la cogeneración, que es clave para la industria manufacturera, depende de cómo se implementen los desarrollos pendientes", advirtió Javier Rodríguez, director general de Acogen.En este sentido, Rodríguez puntualizó que la preocupación de las industrias cogeneradoras son ahora "las posibles reclamaciones de grandes cifras económicas por parte del Ministerio si se materializa una equívoca aplicación retroactiva del nuevo esquema desde julio 2013".

Ascer dice que se "compromete" la viabilidad de la cogeneración

En cambio, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) señaló que el Real Decreto que regula la nueva retribución para las energías renovables y cogeneración "compromete" la viabilidad de la cogeneración instalada en el sector y la competitividad de la industria cerámica.

La patronal del sector cerámico indicó que "la reforma eléctrica penaliza injustamente a nuestra actividad y golpea a nuestra herramienta legítima de competitividad energética que es la cogeneración".Según dijo, "la reforma debería desarrollar una política energética de impulso al tejido industrial en lugar de implantar un castigo a la industria que contribuye a la mayor eficiencia energética del país".

No obstante, aseguró que "es pronto para poder hacer estimaciones, puesto que el texto ha de publicarse en el BOE en los próximos días y, por otro lado, todavía está pendiente publicar la orden ministerial que fija los parámetros o estándares que determinan la nueva retribución económica y que tendrá carácter retroactivo, aplicándose desde julio del año pasado".

Finalmente, la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (Adap) planteó al Gobierno una nueva propuesta que permite la supervivencia de las 29 instalaciones de tratamiento de purines que existen en España.

La fórmula sugerida asume la necesidad de reducir la contribución pública a las plantas de cogeneración y propone una reducción escalonada de las aportaciones hasta el año 2024, frente a la opción incluida por la secretaría de Estado en el borrador de Orden Ministerial de mayo de 2014 que establece una aportación regular con mayor recorte inicial y por un periodo de tiempo superior.

De esta forma y comparadas ambas propuestas, el coste acumulado total de la opción ministerial sería de 2.100 millones de euros, un tercio superior a la solución formulada por Adap.La propuesta de la asociación no sólo no requiere aportaciones económicas adicionales a las ya previstas en el borrador de la orden ministerial, sino que las reduce.

En concreto, la fórmula que defiende Adap asegura la viabilidad de las plantas durante su vida útil, programada en su diseño para 15 años por instalación, así como los cerca de 4.000 puestos de trabajo que de ellas dependen.La propuesta permite, además, generar un espacio de tiempo para analizar nuevas fórmulas de viabilidad de las plantas y el desarrollo de otras tecnologías que puedan suplirlas con su misma efectividad a medio plazo.

Por otro lado, la asociación, que elevó su propuesta a Industria, Energía y Turismo y la puso en conocimiento del de Agricultura, quiso dejar clara su "voluntad negociadora" e instó al Gobierno a formalizar un calendario urgente de trabajo con los sectores afectados.



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