En la rueda de prensa convocada para la presentación del informe estuvieron presentes Jordi Aguiló, presidente de APPA Biomasa, Pedro Barato, presidente de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), Patricia Gómez, gerente de COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España) y Pablo Hernández, consultor del área de Economía Aplicada y Territorial de AFI (Analistas Financieros Internacionales). 

La biomasa generó en 2017 un balance socioeconómico y medioambiental positivo de 1.323 millones de euros, como diferencia entre la aportación a las arcas públicas y ahorros medioambientales (emisiones de CO2 y prevención de incendios) y la retribución específica percibida por la actividad. La biomasa anualmente contribuye al medio ambiente en alrededor de 334 millones de euros, como mínimo, por el CO2 evitado (por sustitución y vertido), así como en 150 millones de euros por el ahorro en prevención y extinción de incendios, asimismo, actualmente el sector de la biomasa emplea de manera directa, indirecta e inducida a cerca de 33.000 personas, aportando el 0,28% del PIB español y el 0,9% de los recursos de la Administración General del Estado (AGE). 

Según el informe “Balance Socioeconómico de las Biomasas en España”, estos ahorros podrían aumentar hasta los 2.147 millones de euros en 2021, con un incremento de 824 millones de euros respecto a la cifra actual, si se impulsa a esta tecnología, tanto térmica como eléctrica, mediante un rediseño del sistema de incentivos para el sector, con un incremento de 173 millones de euros. Este escenario de evolución de la biomasa en el país, basado en los objetivos del Plan de Acción de Energías Renovables 2011-2020, implicaría aumentar 550 megavatios (MW) de biomasa eléctrica, con una inversión de unos 1.600 millones de euros, y 800 ktep de biomasa térmica, además, con este rediseño de los incentivos para el sector se podrían crear 12.596 empleos, hasta los 45.541 puestos de trabajo, derivados tanto de la operación y mantenimiento de las plantas, como de la construcción de nueva potencia.

Situación actual y potencial biomásico en España

En nuestro país, la biomasa representa un porcentaje muy simbólico en el mix de generación eléctrica. La biomasa, el biogás y la FORM supusieron solo un 2,1% del total de la producción nacional de energía eléctrica en 2016 y el crecimiento de la biomasa entre 2010 y 2017 ha sido prácticamente nulo.

España consume mucho menos biomasa que la media de la UE, ocupando la posición 22 entre los 28 países en consumo de energía procedente de biomasa sólida per cápita (0,114 tep./hab). En un país con 27 millones y medio de hectáreas de superficie forestal, según Pedro Barato, el significado del bajo uso de esta tecnología en la generación eléctrica significa que “algo pasa”. Y es que España es el tercer país europeo por recursos absolutos de biomasa forestal (sólo superada por Suecia y Finlandia) y el séptimo en términos per cápita. También, España es el país de Europa con mayor incremento de bosques, con un ritmo de crecimiento anual del 2,2%, muy superior a la media de la UE (0,51%).

Patricia Gómez ha dicho, una vez presentados estos datos, que “España es, sin duda, un país forestal, y nuestros montes demandan que se les gestione de manera sostenible con el objetivo de valorizar el grandísimo stock de biomasa, contribuyendo de esta forma a evitar los enormes incendios forestales que cada año asolan nuestro país". Por su parte, Pedro Barato ha puesto el foco en la importancia de la transición energética para la generación de empleo en España, insistiendo en el valor añadido de territorio, de empleo o de medioambiente, afirmando que “la biomasa ofrece un amplio abanico de oportunidades profesionales, especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblamiento que suelen coincidir con aquellas zonas con gran cantidad de recursos biomásicos”.

La necesidad de medidas para el impulso a la biomasa

Según el estudio, la mayor presencia de la biomasa en el mix de generación eléctrica en España no debe retrasarse más y solo es posible mediante la implementación de políticas favorables. Entre las medidas que el sector propone destacan la creación de una Comisión Interministerial permanente que abarque los ámbitos energético, agrícola, forestal, ganadero, industrial, residuos municipales, desarrollo rural y medioambiental; el establecimiento de un marco normativo que reconozca las aportaciones sociales, económicas y medioambientales de esta tecnología y la ampliación del número de horas máximo de producción para las instalaciones de biomasa que ya están en funcionamiento.



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