Esta posibilidad, que se ha defendido desde algunos ámbitos y que ha cobrado fuerza tras las declaraciones del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el pasado miércoles en la Comisión de Industria del Congreso, no tiene justificación alguna ni desde el punto de vista legal, ni técnico, ni económico, y sería discriminatoria.

Además, vulneraría el Derecho Comunitario, la política europea de fomento a las renovables y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, según la Asociación.

Para empezar, porque se ha demostrado que el incremento de la penetración de la eólica en el sistema no ha aumentado las necesidades de servicios de respaldo (entendidos como la exigencia de que haya tecnologías convencionales disponibles para cuando no sopla el viento): si no hubiese eólica, se necesitaría la misma potencia firme que aportan las llamadas tecnologías de respaldo, ya que esta necesidad procede de la demanda. Por lo tanto, no tiene sentido que la compensación proceda de la eólica.

La eólica es una tecnología perfectamente integrada en el sistema, como lo demuestra que ha sido la que más electricidad ha aportado durante cinco meses consecutivos o que está siendo limitada cada vez más a menudo por Red Eléctrica de España (REE) para regular el sistema en momentos críticos, dando una respuesta rápida y fiable. Por lo tanto, no debe ser discriminada respecto a otros tipos de generación, como ya lo fue en el Real Decreto-Ley 2/2013 con la eliminación de la opción de mercado más prima.

Los pagos por capacidad son fruto de decisiones regulatorias no ligadas ni a la instalación de parques eólicos, ni a la fijación de los incentivos a la eólica, por lo que no se justifica que su pago recaiga sobre el sector. Una medida semejante atentaría, una vez más, contra los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y rentabilidad razonable de las inversiones, así como contra la necesidad de una regulación ortodoxa y transparente.

El sector eólico se ha visto seriamente golpeado por las medidas adoptadas por el Gobierno (moratoria, Real Decreto-Ley 2/2013, impuesto sobre la generación…), a lo que ha venido a sumarse recientemente las citadas limitaciones a la producción. La consecuencia es que se suceden los cierres de fábricas y los despidos, mientras que los parques eólicos buscan vías, como la refinanciación, para sobrevivir y no caer en el impago.

El Gobierno debe entender que el sector no tiene capacidad para aguantar nuevas medidas que supongan un mayor perjuicio económico, porque las ya aplicadas han puesto en jaque su futuro. Por ello, AEE le reclama un diálogo constructivo.



Dejar una respuesta

avatar
  Suscribir  
Notificar de