El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido en el pleno del Congreso de los Diputados el real decreto ley que recoge medias urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares para su convalidación.
El real decreto ley establece la hibernación de las instalaciones del almacén Castor, la extinción de la concesión, la asignación de la administración de las instalaciones a Enagás Transporte y el reconocimiento de inversiones a Escal UGS, S.L. por valor de 1.350 millones de euros.
Durante su intervención, el ministro Soria ha señalado que la decisión del Gobierno ante el problema generado por el almacén de gas Castor busca el interés general y la seguridad de las personas, bienes y del medio ambiente. El problema radica en un decreto del Gobierno del PSOE de 2008, en el que se recoge que la renuncia a la concesión de Castor era un derecho y que se compensaría a las empresas en ese caso, aunque haya actuado con dolo y negligencia, por lo que el Ejecutivo tiene que cumplirlo.
José Manuel Soria aclaró que la norma que hoy se convalida deja bien claro que esa compensación no va a extinguir la responsabilidad del concesionario y de sus accionistas, que en su caso deban afrontar, por su gestión en el proyecto si así se derivara con el paso del tiempo. En el decreto se incluye una cláusula de exigencias de futras responsabilidades a Escal que en su caso le sean exigibles o bien por vicios y defectos en la construcción o bien por acciones u omisiones de todo tipo durante el periodo de vigencia de la concesión.
Si hubiese lugar a tales responsabilidades, ha señalado el ministro Soria, el concesionario tendría que pagar directamente, o si Escal fuese insolvente o se disolviese responderían sus socios o partícipes y de forma solidaria la sociedad dominante, es decir, que controle más de un 50% del capital.
La solución adoptada permite reducir el coste para el sistema gasista frente al coste del almacenamiento en caso de haberse puesto en funcionamiento las instalaciones como estaba previsto.
La solución adoptada permite reducir el coste para el sistema gasista frente al coste del almacenamiento en caso de haberse puesto en funcionamiento las instalaciones como estaba previsto. Con el nuevo real decreto ley, el coste financiero de la retribución reconocida a Castor será de aproximadamente el 4,5% frete al interés superior al 10% reconocido en un primer momento, y reducido posteriormente al 8,5%. El ahorro a partir de 2017, se estima en más de 110 millones de euros al año, pasando de costar más de 201 millones de euros anuales a unos 100 millones de euros cada año.
