El consejo de Gobierno del País Vasco adoptó ayer un acuerdo en el que insta al Gobierno central al cierre "inminente" de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) al considerar que "no garantiza el nivel de seguridad que debe exigirse a este tipo de instalaciones a fin de proteger a la población y al medio ambiente de sus efectos nocivos".

En la actualidad, la central tiene en curso un expediente de prórroga de autorización de explotación de un periodo añadido de diez años. Según el Gobierno, el acuerdo parte del "consenso unánime existente entre los diferentes grupos políticos y la sociedad vasca en relación con el cierre inminente de dicha centra nuclear".

La resolución adoptada hoy recuerda que el Estado autorizó la puesta en marcha de la Central Nuclear de Santa María de Garoña con fecha 30 de octubre de 1970. Posteriormente, y tras diferentes prorrogas concedidas, mediante Orden del entonces Ministerio de Industria de 5 de julio de 1999, se concedió la última prórroga por un periodo de diez años, transcurrido el cuál sin una nueva prórroga autorizada, la central deberá cesar su explotación y proceder a su desmantelamiento.

Según el acuerdo, "a lo largo de estos diez años de vigencia de la prórroga de la explotación han sido numerosos los pronunciamiento políticos y sociales dirigidos a solicitar el cierre de la Central, fundamentados en el riesgo constante que una instalación de estas características produce sobre la salud humana y los ecosistemas".

Asimismo, explicó que ha habido "numerosos incidentes provocados por esta central nuclear" y recordó lo tres últimos ocurridos el pasado 29 de julio y 14 y 19 de agosto de 2008". Ante esta situación, el Gobierno consideró que dicha central "no garantiza el nivel de seguridad que debe exigirse a este tipo de instalaciones a fin de proteger a la población y al medio ambiente de sus efectos nocivos". En este sentido, subrayó que "la política energética y medioambiental impulsada por este Gobierno considera que existen actualmente alternativas para la generación eléctrica con menor coste económico, social y ambiental".

Por ello, el Ejecutivo subrayó que "comparte la profunda preocupación que provoca el hecho de que una central de estas características, obsoleta y con un largo historial de incidentes, permanezca hoy, 36 años después de su puesta en marcha, operativa".

Por último, recordó que el Gobierno "en la pasada Legislatura y ratificado en ésta, adquirió el compromiso de impulsar un cierre progresivo de las centrales nucleares sitas en el Estado español, especialmente aquellas obsoletas y con fallos importantes en la seguridad".



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