Las emisiones de dióxido de carbono en el sector industrial y de la energía (conocido como sector ETS) aumentaron en 2011 un 9,2%, según ha señalado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Miguel Arias Cañete.

Además, ha dicho que este incremento del 9,2%, se debe, entre otros temas a un "efecto claro" del Decreto del Carbón, aprobado por el Gobierno en 2010 para favorecer la quema del carbón nacional.

Asimismo, ha advertido de que las emisiones en los sectores difusos (transporte, sector residencial, agricultura y residuos) "no se han reducido lo suficiente" y que son el "verdadero talón de Aquiles", por lo que España tiene "difícil" cumplir el primer periodo del Protocolo de Kioto.

Arias Cañete ha dicho que las emisiones globales están en un 22,8% en 2010 (Kioto fija para España el 15% sobre 1990), pero ha subrayado que esta reducción se debe sobre todo a la crisis en los sectores de la industria y la energía.

En este sentido, ha precisado que la senda de cumplimiento que se aprobó en 2006 contemplaba reducir las emisiones hasta el 37 por ciento y cubrir la diferencia mediante el uso de los mecanismos de flexibilidad, lo que implicaba la compra de 159 millones de unidades.

Precisamente, ha dicho que para poder cumplir con el primer periodo de Kioto, España ha invertido 770 millones de euros para adquirir créditos de carbono en los últimos cinco años, que reportarán a España 89 millones de unidades de CO2.

Por eso, ha apuntado que la vía que queda para cumplir es mediante la compra de derechos de emisión y que España necesitará en torno a 194 millones de toneladas de CO2 en lugar de los 159 millones de toneladas previstas por el anterior Gobierno, lo que deja un déficit de 105 millones de toneladas de CO2 que tendrán que adquirirse antes de 2015.

De 450 a 800 millones de euros más

Esta compra supondrá un importe de entre 450 y 800 millones de euros y, aunque el precio medio en el primer periodo de cumplimiento es de 8,23 euros la tonelada, el ministro espera que en 2012 se podrán comprar a unos 4 euros la tonelada.

"Para cumplir Kioto en este primer periodo no hay mucho margen de maniobra a parte del desembolso de recursos públicos para compra de derechos", ha reconocido. Por ello, ha justificado que el Ministerio está orientando la estrategia de compra de carbono para fomentar que el coste revierta en territorio nacional.

En este sentido, ha señalado que el primer objetivo es que España cumpla de manera eficiente, ampliando los potenciales mercados de compra y haciendo un análisis exhaustivo de las fluctuaciones de los mercados. En segundo lugar, se trata de conseguir retornos reales para las empresas españolas, porque los resultados del plan de la legislatura anterior dieron fueron "muy pobres".

"No estamos en una situación normal sino enormemente complicada. Estamos en un tiempo de enorme restricción presupuestaria y, en materia de cambio climático la compra de derechos se reduce en un 50 por ciento, frente al 58% de reducción del gobierno anterior. Pero a pesar de la dificultad presupuestaria vamos a comprar mejor, más barato y vamos a dedicarle más tiempo", ha apostillado.

A este respecto, ha dicho que las inversiones totales dedicadas a adquirir unidades del conjunto de los Fondos, el porcentaje de retornos comerciales es de sólo del 2,8% y, en cuanto a las operaciones de compra directa de unidades a otros países, el retorno comercial de las compras efectuadas desde 2008 ha sido del 2,19%, es decir que se ha materializado en un proyecto adjudicado a una empresa española.

A su juicio, el Gobierno debe hacer el "máximo esfuerzo para impulsar actuaciones que supondrán beneficios importantes para el entramado empresarial".

Mil millones de ingresos anuales

De cara al cumplimiento a 2020, Arias Cañete ha asegurado el compromiso de España con los objetivos de la Unión Europea en el paquete porque la lucha contra el cambio climático "no se acaba con Kioto 1 ni con Kioto 2", por lo que para el Gobierno es un "tema prioritario" por su dimensión ambiental, su impacto socioeconómico y por la dimensión global del problema. Por ello, opina que requiere de una acción colectiva con una respuesta equitativa.

"La labor que tenemos por delante es ingente", ha advertido Arias Cañete, que ha recordado que una de las novedades de la tercera fase del régimen de Comercio de Derechos de Emisión es que gran parte de las asignaciones se realizarán mediante subasta, porque la Directiva europea fija que para el periodo 2013-2020 los derechos de emisión no se asignará de forma gratuita.

De este modo, ha concretado que la cantidad a subastar estará entorno al 50% del total y que, de acuerdo a las estimaciones, en toda la Unión Europea se subastarán hasta 2020 unos 1.000 millones de derechos de emisión.

De esta cantidad, ha precisado que 84 millones de derechos corresponderían a España, que según los cálculos del Gobierno, prevé ingresar 1.000 millones de euros anuales con esta venta a partir del próximo año y hasta 2020, dependiendo de los precios del carbono y que se destinarán a proyectos de mitigación o adaptación.

Casi una veintena de medidas

El ministro ha agregado que la lucha contra el cambio climático requiere de una hoja de ruta que requiere coordinación interministerial y presupuestaria en todos los departamentos implicados.

En este contexto, ha informado de que su departamento ha estudiado las 100 propuestas del Informe de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Cambio Climático de la anterior legislatura, de las que se van a implantar 19 medidas con el fin de reducir las emisiones en los sectores difusos. Entre estas propuestas, ha subrayado que promoverá un Plan de Empleo en el sector forestal para activar la reforestación y el uso de la biomasa como fuente energética renovable.

De estas acciones, ha explicado que durante este año se va a trabajar en el fomento de proyectos en el ámbito nacional, para lo que se utilizará el Fondo de Carbono; se impulsará el cálculo de la huella de carbono; se defenderá que en la negociación de la nueva Política Agrícola Común (2014-2020) se tenga en cuenta la variable climática en las ayudas y en la negociación comunitaria.

También se creará un sistema voluntario de compensación de la huella de carbono; se promoverá la reducción de los depósitos en vertedero y se tendrán en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero en la toma de decisiones de planteamientos urbanísticos y se avanzará en la certificación energética de los edificios existentes.

Finalmente, ha apuntado que se fomentarán los planes de movilidad y de transporte público en las ciudades, se apoyará el ferrocarril para transporte de mercancías y que se mantendrá un diálogo "permanente" con las comunidades autónomas mediante el Consejo Nacional del Clima y apoyará la Red de ciudades por el clima.



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