Estas son algunas de las principales conclusiones.
Compromiso
Los ciudadanos y las empresas desconfían de las instituciones internacionales. Tan sólo un 32% de los encuestados confía en que los gobiernos puedan comprometerse con un objetivo común en RIO+20, destacando la poca la confianza que muestra el propio tejido empresarial (el 67% de las empresas participantes no creen que la Cumbre sirva para mucho). No creen que se puedan establecer acuerdos vinculantes a nivel global con metas y objetivos concretos.
En caso de llegar a un compromiso, el 92% de los participantes creen que no sería demasiado efectivo ya que se necesita una hoja de ruta que concrete metas e hitos intermedios.
Gana el terreno de juego a nivel nacional En este sentido, el 66% de las personas consultadas consideraría los Objetivos del Milenio como un buen punto de partida sobre el que diseñar dicha hoja de ruta, siempre y cuando se concretaran programas a nivel nacional y regional.
La sociedad civil tiene la palabra
Expertos y empresas consideran clave el papel a jugar por ciudadanos y consumidores en el cambio hacia una sociedad más justa y sostenible.
Casi el 80% de los participantes en la encuesta señala que la comprensión por parte del público en general sobre qué es y qué implica al desarrollo sostenible es clave para garantizar el éxito del cambio. Sin embargo, el 67% de los encuestados reconoce que los españoles estamos poco o nada informados sobre nuestra capacidad de actuar a favor del desarrollo sostenible.
En el ámbito profesional, proponen casi por unanimidad (94%) que los riesgos y los costes derivados de no actuar se incluyan en la formación académica.
Regulación
La mayoría de los encuestados consideran insuficientes los acuerdos voluntarios y las buenas prácticas en materia de RSC.
El 92% de los encuestados opinan que las buenas prácticas deberían convertirse en estándares. Reclaman más regulación e instrumentos que permitan penalizar a los infractores e incentivar a quienes mantengan prácticas sostenibles.
El 85% coincide en apuntar la necesidad de una reforma fiscal y presupuestaria a favor de una economía verde.
El 87% también apoya una reforma del mercado financiero para favorecer la inversión en esta misma dirección. La regulación debería combinarse con otras medidas incentivadoras como la compra y contratación pública (esencial para el 75% de los expertos consultados) o la cobertura de riesgos (apoyada por el 70% de los participantes).
El 90% de los expertos aboga, además, por mecanismos de control y seguimiento que permitan conocer los avances y proyectar mejoras asumibles. Además, el 88% de los participantes apoya el hecho de penalizar las infracciones.
Nuevo PIB
El 92% de los expertos coinciden en que es necesario complementar el PIB con indicadores que permitieran medir el progreso en términos de preservación de la riqueza natural y bienestar social. Además, coinciden en apuntar que cualquier organización con cierto nivel de influencia, deberá comunicar sus resultados en clave económica, ambiental y social.
Coordinación
La mayoría de los expertos (93%) creen imprescindible la coordinación de los diferentes departamentos y administraciones públicas para hacer posible una verdadera política económica y social orientada a la sostenibilidad.
El consenso y compromiso de los diferentes agentes también será clave. En este sentido, los españoles no confían en la actual manera de trabajar de empresas, gobiernos y sindicatos. Empresas, gobiernos y sindicatos deberán ganarse la confianza de los españoles (tan sólo parece confiar en ellos el 26%, 34% y 24% de los encuestados, respectivamente) ya que la mayoría de los encuestados apuntan a las ONGs y organizaciones de consumidores como los protagonistas del cambio (señaladas por el 81% y el 72% de los expertos, respectivamente).
