Expertos de la Universidad de Huelva (UHU) han iniciado un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía con el que pretenden reforzar diferentes aspectos del Derecho Internacional asociados al cambio climático y abordar de este modo posibles consecuencias futuras en el plano de la seguridad, desplazamiento de poblaciones y energía, entre otras.
Los participantes en el proyecto creen que “se hace necesario un importante proceso de evolución y transformación del sistema jurídico internacional en la materia, cuyo primer paso es la Convención Marco sobre Cambio climático y en el Protocolo de Kioto, aunque debe conocer nuevas etapas”.
Seguridad internacional
La Conferencia de las Partes celebrada en Bali en diciembre de 2007 dejó claro cómo el sistema de clima se enfrenta a una nueva etapa en su desarrollo jurídico, y en este sentido, el objetivo del grupo de la UHU parte del análisis del marco actual y la crítica de la regulación jurídica del cambio climático, así como sus repercusiones sobre el desarrollo de la regulación de la energía en un ámbito global.
Uno de los puntos calientes a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI es la seguridad internacional. Para los expertos, el cambio climático creará nuevos escenarios geopolíticos, sobre todo, por el control de los recursos hídricos y la gestión de las aguas. Por ello, se hace necesario, según consta en la memoria del proyecto, el desarrollo de una actuación con la participación de las potencias internacionales a fin de evitar futuros conflictos.
La desertificación como gran problema
Asimismo, y vinculado a este problema, aparece otro de idéntica importancia. La desertificación, el aumento de las temperaturas y del nivel del mar provocarán continuos éxodos poblacionales. En este ámbito, el grupo de la Onubense propone una revisión del Derecho Internacional de los Refugiados en aspectos como protección jurídica.
En el documento Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento humano: la perspectiva del ACNUR, Naciones Unidas se hace eco de este problema. “En las situaciones afectadas por las consecuencias a largo plazo del cambio climático, la gente también se movilizará en grandes masas, pero lo hará durante periodos de tiempo más largos y en direcciones más diversas. Algunas se desplazarán a regiones más hospitalarias en sus mismos países de origen, mientras que otras tendrán que dejar sus países e ingresar a otros Estados”, subraya el texto.
Garantías para las poblaciones afectadas
El equipo dirigido por Pablo Antonio Fernández Sánchez se muestra convencido de que un examen en profundidad de la legislación e introducción de mejoras en este sentido garantizaría aspectos como la protección y apoyo para la población afectadas.
La búsqueda de nuevas fuentes energéticas en estos territorios inexplorados o la reclamación de territorialidad son dos aspectos que serán abordados igualmente en el estudio. Uno de los ejemplos que mejor ilustran la necesidad de ajustar las leyes sobre este escenario lo protagonizó Rusia en 2007, que plantó dos banderas en el fondo del Ártico. Con este hecho, el gobierno del Kremlin pretendía reclamar la propiedad de más de un millón de kilómetros cuadrados de área submarina y sus posibles yacimientos de petróleo y gas. Canadá fue uno de los países más críticos con esta acción.
Derechos de emisiones y energía nuclear
Para cumplir los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, la Unión Europea ha desarrollado un sistema comunitario de derechos de emisión, mediante el que se pretende que se incrementen los usos energéticos más eficientes de la energía y reducir la contaminación. Por ello, en las futuras negociaciones sobre cambio climático pretenden que la Unión Europea apoye la adopción de compromisos para una mayor reducción de emisiones a conseguir en los próximos años.
Sin embargo, diversos socios comunitarios han venido defendiendo las ventajas del desarrollo de la energía nuclear tanto por razones medioambientales como de seguridad al aminorar la dependencia comunitaria de otras fuentes energéticas de origen extracomunitario.
Los peligros inherentes a su uso y a la gestión de sus residuos la convierten, no obstante, en un sector que requiere una regulación específica con un alto componente de implicaciones técnicas. Éste será el último aspecto que abordará el trabajo de la UHU.
