Los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete buscan hoy lunes, en Luxemburgo acercar posturas sobre el reparto nacional de los objetivos que se ha fijado la Unión Europea para luchar contra el cambio climático, el denominado triple 20 para 2020 (20 por ciento de reducción de emisiones, 20 por ciento de cuota de renovables y 20 por ciento de ahorro energético).

La reunión se celebra después de que los jefes de Estado y de Gobierno hayan ratificado estos objetivos en la cumbre celebrada en Bruselas el pasado jueves y se hayan comprometido a llegar a un acuerdo sobre el reparto nacional en diciembre. Y ello pese a las dudas expresadas por Alemania, Italia y los países de la ampliación, que alertaron del impacto negativo de estas medidas sobre la industria, sobre todo en un momento de crisis económica.

Tras el acuerdo de los líderes europeos, la presidencia francesa se ha propuesto acelerar la tramitación de las propuestas de reparto que la Comisión presentó en enero. En el caso de España, estas propuestas obligan a aumentar en 2020 hasta el 20 por ciento la cuota de energía procedente de fuentes renovables, lo que significa duplicar la producción actual (8,7 por ciento en 2005).

Además, de aquí a 2020, España deberá recortar un 10 por ciento las emisiones de sectores como el transporte, la vivienda, la agricultura y la ganadería o los residuos respecto a los niveles de 2005, año que se toma como referencia.

Los puntos de desacuerdo sobre el reparto interno siguen siendo numerosos y las negociaciones muy complicadas, “parecidas a cuando se discuten los presupuestos de la UE”, según explicaron fuentes diplomáticas. Las fuentes señalaron que los acuerdos de la cumbre todavía dificultan más el compromiso, ya que se ha previsto que sean los jefes de Estado y de Gobierno los que den su visto bueno final al paquete, lo que significa que se tendrá que aprobar por unanimidad, en lugar de por mayoría cualificada como corresponde a las cuestiones de medio ambiente.

El principal punto de desacuerdo es el año de referencia que se utiliza para calcular la reducción de emisiones: los países de la ampliación reclaman que sea 1990 y no 2005 y alegan que de lo contrario no se tiene en cuenta el esfuerzo de reducción de emisiones que ya han realizado. El resto, entre ellos España, están de acuerdo con las propuestas de Bruselas en este campo.

En segundo lugar, muchos Estados miembros, incuido España, reclaman que se pueda hacer un mayor uso de los mecanismos de desarrollo limpio, es decir, que se permita a las empresas adquirir permisos de emisión mediante inversiones en países en vías de desarrollo para reducir allí las emisiones. La Comisión ha impuesto límites muy estrictos a este sistema de flexibilidad a partir de 2013.

FUGAS DE CARBONO

El tercer tema de preocupación es el de las subastas de los permisos de emisión para las empresas, que hasta ahora se han distribuido de manera gratuita. La Comisión propone que a partir de 2013 el sector eléctrico pague el 100 por cien de los derechos de emisión, mientras que para el resto de sectores industriales se subastaría únicamente el 20 por ciento de los permisos, aunque esta cifra iría aumentando progresivamente hasta el 100 por cien en 2020.

Los antiguos 15 Estados miembros están de acuerdo con que se subasten todos los permisos para el sector eléctrico, mientras que los países de la ampliación piden rebajar esta cifra. Por lo que se refiere al resto de sectores industriales, la mayoría de los países, entre ellos España, están de acuerdo en rebajar el porcentaje de subastas. Alemania, por ejemplo, ha pedido que este porcentaje se mantenga en el 20 por ciento durante todo el periodo.

Otra cuestión que provoca inquietud es la de las denominadas “fugas de carbono”, las posibles deslocalizaciones de empresas a países fuera de la UE que no apliquen normas tan estrictas de lucha contra el cambio climático. La propuesta del Ejecutivo comunitario señala que, si en 2010 no ha habido un acuerdo internacional de recorte de las emisiones, se buscará una solución para los sectores más vulnerables a la competencia internacional, como acero, aluminio o cemento.

Entre las posibles soluciones que se barajan se encuentran dar a estos sectores los derechos de emisión de manera gratuita y no mediante subastas o incluir las importaciones en el sistema europeo de comercio de emisiones. Muchas delegaciones piden que la decisión no se deje para 2010 sino que se tome ya para que estas industrias sepan a qué atenerse.



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