Los más vulnerables al cambio climático no son sólo los menos responsables y los más afectados por sus consecuencias, sino también las primeras víctimas de los ‘acaparamientos verdes’. Entramos en una de las décadas más decisivas de nuestra historia: nos jugamos la supervivencia misma de los segmentos más vulnerables de la humanidad.

La despedimos con una cumbre del clima, celebrada esta vez en Madrid que, una vez más, puso de manifiesto la brecha colosal que existe no sólo entre promesas y acción política, sino también entre supuestas soluciones y las realidades devastadoras que ellas mismas pueden engendrar.

Uno de los principales obstáculos de la COP25 giró en torno a los controvertidos mercados de carbono y a las reglas que deben regir su funcionamiento.

Presentados como una solución para mitigar las emisiones, los mercados de carbono, junto con otras iniciativas mercantiles claves como son la bioenergía, combinada con la captura y el almacenamiento de carbono (BECCS), se basan sobre el supuesto de que prácticas insostenibles en un lugar pueden ser mitigadas y/o compensadas por prácticas más sostenibles en otro.

Sin embargo, esta estrategia de ‘vender la naturaleza para salvarla’ no sólo ha sido incapaz de frenar las emisiones a nivel global, sino que también ha contribuido a la violación de derechos humanos entre los que cabe destacar el acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzado de personas.

Cambio climático

Desde la convergencia de múltiples crisis globales (financiera, energética, alimentaria y ambiental, entre otras) se ha impulsado un acaparamiento de tierras a una escala sin precedentes desde la época colonial.

En un mundo donde el cambio climático se ha convertido, y con buen criterio, en uno de los temas primordiales para justificar intervenciones políticas y de desarrollo, muchos de estos acaparamientos son ‘acaparamientos verdes’, definidos como “apropiaciones de tierras y de recursos naturales con fines ambientales”.

Entre los propulsores de dichos acaparamientos cabe destacar las políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático que se basan en un uso masivo de la tierra, como son la producción de agrocombustibles (aceite de palma, soja, azúcar, etc), los proyectos de conservación forestales para reducir las emisiones que se derivan de la deforestación y degradación de bosques (como el REDD+), y los proyectos hidroeléctricos, entre otros.

Estas iniciativas de protección ambiental a menudo sirven para crear nuevas fronteras entre aquellos que destruyen los recursos naturales ‘desde lejos’, como manera de ‘compensar’ sus desechos y continuar sus excesos, y aquellos que los protegen ‘desde cerca’ pero que pierden el acceso a los mismos.

Cuando dichas políticas se implementan en lugares donde las poblaciones locales carecen de protección, de un acceso seguro a sus recursos y de una participación digna en la toma de decisiones que afectan directamente a sus vidas, las políticas climáticas pueden de facto servir para legitimar la expulsión de los más vulnerables y concentrar el control de los recursos naturales en las manos de las mismas élites políticas y económicas responsables de la destrucción ambiental, del cambio climático, y de las desiguales socio-económicas y políticas que conducen a movimientos forzosos.

Perdiendo el acceso a los recursos naturales

Por ejemplo, en Senegal y Camboya, donde he llevado a cabo mi investigación doctoral, cientos de personas están perdiendo acceso a recursos naturales en manos de inversores implicados en mal llamados ‘proyectos verdes’.

En todos los casos examinados, son los efectos conjuntos no sólo de varios procesos extractivos -sino de procesos extractivos ‘junto con’ procesosde conservación- los que han llevado tanto a la destrucción ambiental como a la expulsión de poblaciones.

Aunque no todas las personas afectadas por el acaparamiento de tierras han perdido el acceso a sus tierras residenciales, todas han perdido el acceso a tierras de cultivo, de pastoreo y/o a áreas forestales.

Para los más vulnerables, la pérdida de dichas tierras se ve acompañada de agravios y dificultades colosales. A pesar de narrativas de creación de empleo, muchas de dichas iniciativas se basan en expropiar a poblaciones que carecen de derechos legalmente reconocidos sobre sus tierras o en crear empleos escasos que son estacionales, precarios e insuficientes.

Los más vulnerables tienden a convertirse en trabajadores desprotegidos y explotados dentro de los barrios y favelas de las megaciudades del sur que son incapaces de absorber la mano de obra adicional que se expulsa del campo.

Emisiones

A la vez que cerramos nuestras fronteras a personas que corren peligros vitales, externalizamos la mitigación de nuestras emisiones a lugares donde se evacua a las poblaciones locales de manera a menudo violenta: ¡el círculo de hipocresía al completo! Una gran contradicción nubla el horizonte: pretender que las personas más vulnerables se queden en sus lugares de origen y a su vez ceder los mejores recursos naturales a élites políticas y económicas que son incapaces de crear empleos decentes para una población en aumento es, cuanto menos, preocupante.

En un contexto donde el tema de las migraciones climáticas cobra cada vez más importancia, y donde sentimientos xenófobos hacia migrantes no dejan de sacudir a las democracias de los países más desarrollados y contaminantes del mundo, es crucial no añadir insulto a la injuria.

Las políticas ambientales que no se concentren en la reducción de desigualdades sociales y en la redistribución de sus beneficios, no sólo harán poco para limitar las emisiones de carbono, sino que también llevarán a lo que he denominado ‘la tercera injusticia del cambio climático’, donde los más vulnerables no son sólo los menos responsables del cambio climático y los más afectados por sus consecuencias, sino también las primeras víctimas de ciertas políticas ambientales y climáticas.

Fuente: SARA VIGIL / EL PAÍS,

Artículo de referencia: https://elpais.com/economia/2020/01/14/alternativas/1579002127_314690.html,



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