Una de las materias que se abordarán en el Consejo Europeo será la discusión acerca de la implementación de los acuerdos obtenidos en la Conferencia de Cancún en la UE, así como acordar las medidas adicionales necesarias. En este capítulo, las comunidades españolas son partidarias de que se apruebe y se anuncie que durante la Cumbre del Clima de Durban, la Unión establecerá como meta unilateral para 2020 una reducción de sus emisiones en un 30%, siempre que haya esfuerzos equiparables.

Díaz Trillo ha expuesto que las comunidades comparten el mensaje lanzado a la ciudadanía y a los mercados de que la lucha contra el cambio climático es un proceso complejo pero que avanza inexorablemente, y reconocen la importancia de haber aprobado como objetivo ambiental de la Convención de Cancún que el aumento de la temperatura media global no supere los 2º C respecto a los niveles preindustriales. Así mismo, las comunidades autónomas han insistido en que el objetivo primordial de la Cumbre del Clima de Durban debería ser aprobar un nuevo acuerdo sobre el cambio climático, jurídicamente vinculante y de inmediata aplicación tras el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto, evitando que se produzca una discontinuidad entre el 2012 y la aprobación de los futuros acuerdos.

Por otra parte, las comunidades españolas han consensuado una postura sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En este ámbito, las comunidades españolas defienden un ámbito de aplicación abierto, de tal forma que se aplique la directiva a todos los aparatos eléctricos y electrónicos, y consideran como interesante establecer algún objetivo de reutilización de equipos, debiendo definir las condiciones de reutilización de equipos o partes de los mismos para garantizar la seguridad y salud de los usuarios.

Así mismo, las comunidades autónomas se han mostrado de acuerdo en que se concrete el tipo de instalaciones que deberán llevar registros de las entradas y salidas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y en que se dé la opción a los Estados Miembros de establecer la obligatoriedad a los productores de mostrar a los compradores los costes de la gestión de estos residuos.



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