Cierran pozos ilegales para preservar agua durante la sequía

Es prioritario parar el continuo robo de caudales que provocan el millón de pozos ilegales reconocidos en 2017 y que agravan la sequía, ha aseverado hoy Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de la ONG, durante la presentación del estudio “Sequía. Algo más que falta de lluvia“. 

En dicho informe, Greenpeace detalla las continuas extracciones ilegales de agua en zonas tan emblemáticas del territorio español como Doñana, Daimiel, la cuenca del Segura y en el acuífero de Madrid, entre otras zonas. Barea ha explicado que esas aguas subterráneas son “la reserva del futuro” existentes en los periodos de sequía, y ha lamentado que actualmente no exista ningún control sobre esos pozos, por lo que el panorama de escasez y gestión del agua en España resulta “desolador”.

A su juicio, existe una “desidia total” en la gestión de estos pozos por parte del Ministerio de Agricultura y Alimentación, Pesca y Medio Ambiente (Mapama) y ha recordado que ya en 2006 el Ministerio reconocía más de 500.000 pozos diseminados por toda la geografía española de los que se extraían ilegalmente unos 3.600 hectómetros cúbicos al año de agua. “En los últimos 10 años es probable que se hayan cerrado unas cuantas decenas de pozos pero no se sabe cuantos más se habrán abierto y los acuíferos son las reservas hídricas estratégicas en casos de extrema gravedad“, ha explicado.

A su juicio, la situación actual es “grave” debido a que el Ministerio reconoce que pueden existir en 2017 más de un millón de pozos ilegales, pero “no da datos y cifras oficiales para no alarmar a la población”. “Si los pozos estuvieran más controlados y los robos se sancionaran se podría cuantificar de manera formal el agua que se pierde y abordar así el problema“, ha añadido.

La sequía, “algo más que falta de lluvia”

Durante la multitudinaria rueda de prensa, Greenpeace ha incidido en que la sequía debe gestionarse desde un punto de vista holístico, que incluya acciones en la agricultura, ecosistemas terrestres y acuáticos, incendios, energía y cambio climático y salud y seguridad pública.

Para la organización ecologista, “basar la política hídrica en la oferta ilimitada de agua es un error con graves consecuencias medioambientales y sociales” y por ello, pese a que España es el país con más embalses per cápita del mundo, “siguen los problemas de abastecimiento en cuanto las precipitaciones descienden“.

Se siguen manejando estos periodos secos con políticas propias del siglo pasado, donde la oferta de agua, por descabellada que sea, ha sido cubierta, ha vaticinado Greenpeace, que asegura que “es necesario avanzar en eficiencia para garantizar el derecho humano de toda la población al agua, pero con el mínimo impacto ambiental”. Y en este reto, ha añadido, debemos trabajar todos, desde consumidores hasta compañías de abastecimiento, desde agricultores a industrias, desde administraciones locales hasta grandes organismos internacionales.



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