Desde los años setenta, años en los que desaparecían las pesquerías noruegas y del mar del Norte, es evidente que los niveles de explotación del atún han ido en aumento. La situación de sobreexplotación de este recurso obligó, en el año 2007, a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), a poner en marcha un plan de recuperación que contempla reducciones de cuota, aumentos de la talla mínima, etc.

Ahora, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha presentado una propuesta en la que propone reducir el periodo permitido de capturas, un plan de reducción de flota y la creación de un santuario en las aguas adyacentes a Baleares. La idea, ha contado con el apoyo del Congreso de los Diputados de España, que ya ha aprobado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a la declaración de dicha reserva.

Sin embargo, informes del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, a los que ha tenido acceso AGROCOPE, demuestran que esta medida no es necesaria. Según dichos documentos, el Caladero Balear se encuentra en un nivel de protección “muy superior” al de otras áreas de reproducción del Mediterráneo.

Por ejemplo, el período de veda, que comienza el 1 de julio, no afecta por igual a las zonas de pesca. La reproducción del atún rojo en el este del Mediterráneo se produce entre mayo y junio, sin embargo, en la zona occidental, entre junio y julio, lo que significa que el periodo de capturas queda reducido a la mitad en las aguas baleares.

En este sentido, los científicos consideran que la zona ya está temporalmente protegida, por lo que de añadir más protección al stock debería hacerse en el mismo nivel de protección en otras zonas.

En cuanto a la reducción de la biomasa, en la zona, el CSIC, denuncia que es “completamente erróneo” basarla en el total de capturas de una determinada región, ya que estas dependen del número de barcos, pero también del número de días de pesca. Por lo tanto, un descenso del 85 por ciento en las capturas, no indica, que haya un descenso de biomasa en el recurso.

Para conocer el descenso de la biomasa, son necesarias las capturas diarias por barco -unas 11 toneladas- que se consideran proporcionales a la biomasa y su evolución anual podría indicarnos la evolución del recurso. Siguiendo estos parámetros el informe demuestra que en los últimos ocho años, la evolución del recurso en Baleares, no “muestra ninguna tendencia negativa”.

Además, se observa una tendencia positiva en las almadrabas españolas y en los palangreros japoneses, por lo que el descenso de las capturas, concluye, “no se puede atribuir a un descenso de la biomasa sino a una disminución de la flota en el caladero”. En definitiva, que el “descenso de capturas no es un reflejo de la situación del recurso”.

LOS DAMNIFICADOS…

Los pescadores de cerco españoles de la zona, que sólo representan el 1,7 por ciento de la flota del Mediterráneo, son los únicos que cumplen escrupulosamente con la legalidad vigente y España es el país que mejor controla esta pesquería con un observador a bordo de cada barco, encargado de controlar las capturas diariamente.

Pero los deberes hechos, no implican garantía, ya que de producirse el cierre, denuncian, se verían afectados cientos de puestos de trabajo, y la medida beneficiaría a otros países que son, justo, los que no cumplen tan bien con la normativa. Esto último, algo ya sabido por la CE y denunciado por nuestro Gobierno.

Efectivamente, tal y como defienden los pescadores, España ha ido mucho más allá de lo que contempla la normativa, implantando medidas mucho más estrictas que las exigidas por los Organismos Internacionales: como un censo específico de buques autorizados; el reparto de las posibilidades por flotas y del reparto individual dentro de cada una de ellas; y la obligatoriedad del etiquetado individual para todo el atún rojo.

Además, la flota de cerco se ha sometido a un riguroso control, en el que ha tenido que aportar la información de sus capturas, casi en tiempo real, y se ha realizado un mayor seguimiento de las granjas de engorde, cuyas autorizaciones de transformación se han condicionado a la presencia de un observador durante el proceso de extracción; la puesta en marcha de un sistema de control que prevé el embarque de más de 40 observadores en toda la flota y la creación de 14 puestos de controlador de puerto.

Aunque los pescadores españoles cumplen con creces, los partidos políticos insisten en que la situación de esta especie en las islas “es crítica” ¿pero a quién corresponde la protección de esta especie? ¿Sólo debe protegerla la flota española?



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