La vinca rosa, una florecilla de Madagascar, se utiliza para desarrollar un fármaco contra la leucemia. Cada vez se recurre más a las plantas con propiedades medicinales para crear nuevos medicamentos. Pero los indígenas que descubrieron sus efectos curativos no sacan ningún provecho. Esto se conoce como biopiratería. Los Eurodiputados debaten y votan esta semana un informe de la diputada francesa del grupo de los Verdes, Catherine Grèze, para hacer frente a este problema.
Las compañías farmacéuticas recurren con frecuencia a la sabiduría popular para identificar plantas y sustancias con propiedades medicinales. Estos grandes grupos multinacionales terminan protegiendo a través de patentes los medicamentos fruto de sus investigaciones y de conocimientos ancestrales.
Las comunidades locales, que fueron las primeras en desarrollar la idea, no solo no sacan partido de su sabiduría sino que además se llega a extremos en los que ni siquiera pueden usar sus descubrimientos. Esto es biopiratería, y no solo se limita al sector médico.
David contra Goliat
La biopiratería es un obstáculo para el progreso económico de los países en vías de desarrollo. Y es, por tanto, un tema crucial para luchar contra la pobreza. La legislación actual favorece a las compañías mientras que al conocimiento popular apenas se le ofrece protección.
El informe de la diputada francesa del grupo de los Verdes, Catherine Grèze, propone una serie de medidas que la Unión Europea debería tomar para ayudar a que los países subdesarrollados obtengan beneficios de sus recursos genéticos y de su sabiduría tradicional. Catherine Grèze insta a que se adopte el protocolo de Nagoya de la ONU, lo que supondría un reparto más equilibrado entre los países proveedores y los usuarios de los recursos genéticos.
El informe contempla la introducción de un nuevo marco legal para la concesión de patentes. La divulgación del origen de los ingredientes sería un requisito para patentar. Además, el solicitante debería demostrar que los ingredientes se obtuvieron de una forma legal y justa. La UE, siempre según el citado informe, debería ayudar a los países desfavorecidos estableciendo las instituciones necesarias para que se beneficien de sus recursos genéticos y de su sabiduría tradicional.
El documento elaborado por la eurodiputada ecologista Catherine Grèze se presentó este lunes durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, en la localidad francesa de Estrasburgo.
