El secretario de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Josep Puxeu, subrayó que el Real Decreto que daba luz verde al minitrasvase del Ebro a Barcelona se aprobó para resolver una "situación extrema" y tiene "la vigencia que tiene".

Al término de la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, Puxeu fue preguntado por este asunto y se remitió a las declaraciones realizadas en el Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

CONTACTOS CON CATALUÑA.

Asimismo, explicó que durante la reunión de la Conferencia Sectorial, la ministra informó de que ha presentado en el Consejo de Ministros un informe que señalaba "cuál es la situación actual en las cuencas interiores de Cataluña, y especialmente en lo que afecta al Ter-Llobregat".

Puxeu aseguró que el Gobierno ha tenido "contacto al más alto nivel en todo momento con las autoridades catalanas" en las últimas horas, contactos que "se siguen produciendo".

A su juicio, a partir de esta evaluación, "probablemente" surja el hecho de que, "al constatar fehacientemente la salida de este episodio de emergencia extrema y de crisis que padecía el área metropolitana de Barcelona", el decreto "dejaría de estar en vigor" y se procedería a su derogación.

"Esto es lo que se ha hecho: el informe que ha presentado la ministra al Consejo y los contactos que hay entre los dos gobiernos a nivel técnico y político", insistió. Además, dejó claro que la postura del Gobierno central "está clarísimamente plasmada en el texto del Real Decreto que se aprobó en el Congreso". "En sí mismo tenía su procedimiento de puesta en funcionamiento para resolver una situación extrema y tiene su procedimiento de derogación", recordó.

Así, subrayó que, según la normativa aprobada en el Congreso para solventar la crisis del agua en Barcelona, "a los 30 días de la entrada en funcionamiento de la desalinizadora" en la zona o "al remitir la situación de excepcionalidad, el decreto perdía su vigencia", y se "acababan las obras". "Tiene la vigencia que tiene, estaba hecho para lo que estaba hecho", señaló.

"Este decreto tiene una disposición adicional tercera que dice que el Gobierno, ante este tipo de situación, tiene que tomar sus decisiones, y las tomó mediante un Real Decreto aprobado en el Congreso", recordó.

Otra cosa distinta es, para Puxeu, las infraestructuras propias que son políticas de inversión normales y que están en vigor para toda España.



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