La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, acordaron ayer que el decreto sobre el futuro minitrasvase del Ebro hasta Barcelona, que se aprobará el viernes, utilice hasta 180 millones de la inversión prevista en la Disposición Adicional Tercera del Estatut.

Tanto Espinosa como Baltasar insistieron en que no se trata de un “trasvase”. “No es ningún trasvase, lo reitero y estoy dispuesta a explicárselo a quien quiera entrar en temas más concretos”, advirtió la ministra, y añadió que se trata de “medidas excepcionales que también fueron adoptadas para la Comunidad Autónoma de Valencia y Murcia” en su momento, cuando el Gobierno se negó a realizar el trasvase del Ebro hasta estas comunidades.

Además, Espinosa explicó que el agua saldrá de excedentes del delta del Ebro y, según sostuvo, “no creará ninguna situación de impacto medioambiental ni disminución de metros cúbicos del río”. Para ello, su Ministerio adelantará un año una obra de mejora de regadíos, que empezará el 1 de mayo y estará lista en cuatro meses. Esto permitirá obtener 50 hectómetros cúbicos para la región metropolitana de Barcelona.

Por otro lado, la ministra explicó que las obras de mejora, que empezarán a estar operativas en agosto y costarán 24 millones, permitirán invertir en una zona de 19.000 hectáreas y supondrán un ahorro de 50 hectómetros cúbicos -los que irán a Barcelona-. “En cuatro meses ya estarán aportando los 50 hectómetros cúbicos que necesitamos y, además, será una obra que tendrá una situación de futuro, ya que supone la mejora de los regadíos, en la calidad de vida de los agricultores y también un gran ahorro de agua”, zanjó.

Asimismo, explicó que estas medidas, así como tampoco el agua que se llevará a Barcelona “no afecta para nada a la actividad de los regantes”, ya que se trata de agua excedente, según aseguró. “Es agua que hoy, por tener unas infraestructuras muy antiguas y deterioradas, se está perdiendo”, señaló, y añadió que las obras de modernización permitirán ahorrarla y enviarla al área metropolitana. Sin embargo, no cerró la puerta a los regantes por si “en un futuro no previsible” tuviesen que hablar con ellos.

Por otro lado, Espinosa, junto con Baltasar, insistió en que se trata de una medida puntual y de emergencia para conseguir que los cinco millones de catalanes que dependen del sistema de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) no se queden sin suministro a partir de otoño. En este sentido, apuntaron que, aunque se mantendrá la infraestructura, que seguirá un recorrido similar a la AP-7 entre Olèdola y Abrera, no se podrá volver a utilizar si la Generalitat no vuelve a decretar un estado de “emergencia” y sin un “acuerdo” del Gobierno central.

La ministra subrayó también en que el presupuesto final sobre la infraestructura que canalizará agua desde el Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) hasta ATLL podría variar en un 10 por ciento y no se conocerá con exactitud hasta los próximos días, aunque el cálculo de la Generalitat oscila entre los 170 y 180 millones de euros, una cifra que Espinosa calificó de “cuantiosa”.

Barrerra para impedir nuevos travases

Sobre la inversión, Baltasar explicó que el hecho de que el dinero salga de la Disposición Adicional Tercera del Estatut –que recoge la inversión estatal en Cataluña– responde a que resolver la falta de agua es una de las “prioridades de inversión”. Además, no requerirá declaración de impacto ambiental por tratarse de una medida de emergencia.

Sin embargo, el consejero insistió en la previsión es no tener que volver a utilizar la infraestructura una vez entre en funcionamiento la desalinizadora de El Prat de Llobregat (Barcelona), prevista para la primavera de 2009. Además, señaló la posibilidad de tener una “barrera” que impida su uso si no se dan las condiciones que lo requieran.

El consejero señaló que el Gobierno central y la Generalitat serán “coautores y corresponsables” de la infraestructura, que irá soterrada en una zona cercana al recorrido de la AP-7, aunque se podrían dar desvíos por motivos de dar mayor rapidez a la ejecución de la obras, según añadió. Para realizar los trabajos en cuatro meses se trabajará a la vez en “muchos puntos” lo que reducirá las previsiones iniciales de la Generalitat, que superaban el año y medio.

Por otro lado, el consejero Baltasar apuntó que las obras requerirán una “enorme capacidad de saber intervenir en estos más de 60 km de tubería”, además de una “exquisita coordinación” entre ambos ejecutivos.

En cuanto a los regantes del Ebro, que hoy lamentaron desconocer el proyecto, el consejero explicó que sí se han producido reuniones y que seguirán produciéndose en los próximos meses y años, ya que su intención es “mantener una política clara, muy abierta y muy transparente” con ellos.



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