Después de dos años de litigio, el Juez Primero de Distrito del Estado de Yucatán reconoce que la soya transgénica de Monsanto representa un riesgo para los apicultores mexicanos y revierte una concesión hecha a dicha empresa hace dos años.

Greenpeace México reporta que en el estado de Yucatán se anuló el permiso concedido a la empresa Monsanto para sembrar soya transgénica a nivel comercial. El permiso de siembra a escala comercial fue otorgado originalmente en 2012 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

La sentencia reconoce que las comunidades apícolas tienen una condición especial de vulnerabilidad, ya que su principal actividad económica depende por completo de la calidad de la miel y la liberación de OGMs en el entorno natural podría afectar los bienes económicos, laborales o ambientales de los apicultores. Ya que México es un líder en la producción mielera del mundo, el riesgo de estas comunidades equivale a poner en riesgo toda una columna importante de las exportaciones mexicanas.

Ximena Ramos, asesora de Litiga OLE (una de las organizaciones que levantaron un juicio de amparo desde el 2012) indica que el fallo del Juez Primero de Distrito tiene relevancia por 3 grandes ejes:

Porque hace valer el principio de multiculturalidad y los derechos que tienen las comunidades a decidir sobre su propio territorio;
Porque para llegar a esta decisión no se requirieron pruebas del daño en el pasado, sino las afectaciones posibles, creando una decisión de prevención y no de remediación, y
Porque reconoce la importancia de la participación pública, uno de los principios de la Declaración de Río: las comunidades deben tener acceso a información, participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en todos los temas ambientales y socioculturales.
Ramos insta a las autoridades a dar cumplimiento del fallo:

Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades responsables a no recurrir la sentencia y cumplir cabalmente por lo ordenado por el juez, puesto que ello supondría un avance en la construcción de la democracia sustancial en el país


La orden del juez ayudará también a prevenir futuras controversias, ya que le exige a la SAGARPA la realización de consultas públicas en diversas comunidades del Estado de Yucatán antes de poder expedir licencias similares a la que esta orden anula.

El camino de la soya transgénica en México

En 2012, después de la concesión otorgada por la SAGARPA, varias comunidades agrícolas del Estado de Campeche, así como diversas asociaciones apicultoras presentaron varios juicios de amparo contra este permiso. Entre sus argumentos se destaca el hecho de que nunca existió una consulta con las comunidades que habitan en el territorio donde se autorizó la siembra.

En los últimos dos años, se ha confirmado que la miel producida en varias regiones de Campeche tienen rastros de soya transgénica. Esto supone un riesgo económico y social a las comunidades que dependen de la exportación de la miel como principal fuente de ingreso: la mayor parte de la miel se exporta a la Unión Europea, pero varios países como Alemania rechazan todos los productos que contengan ingredientes transgénicos.

Esto quiere decir esencialmente que la presencia de ingredientes orgánicos provoca que más de 25 mil familias en Chiapas, Campeche y Yucatán se vean en riesgo al no tener a quién vender sus productos. La miel no es el único producto en riesgo dentro de México: también se han concedido licencias de siembra de maíz transgénico desde el 2012.

De acuerdo a la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pueden existir en el país zonas libres de OGMs, pero a nueve años de haber entrado en vigor, aún no existe un mecanismo o normatividad para declarar estas zonas, lo cual deja a comunidades enteras con pocos recursos legales para defender sus cultivos y hacer valer su derecho de decisión sobre la tierra y sus productos.

Esta decisión hace hincapié en la necesidad de actualizar los mecanismos legales y la renovación constante de las políticas ambientales de acuerdo a la información científica disponible y sin obedecer a intereses privados. El autor de este artículo espera que la conciencia pública de estos hechos lleve a las autoridades a mejorar en estos sentidos.



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