De acuerdo con la información suministrada por los distintos departamentos ministeriales que han participado en la elaboración del anteproyecto de ley se solicitará un informe a distintas comisiones, entre las que destacan Comisión Nacional de la Energía, y el Consejo de Consumidores y Usuarios, antes de la preceptiva remisión del texto al Consejo de Estado.

El Gobierno invitará expresamente a participar en este proceso de consulta a las comunidades autónomas, dado que diversas disposiciones del anteproyecto contienen criterios de actuación para las Administraciones Públicas, que deberán ser aplicadas tanto por autonomías como por entidades municipales, representadas a través de la Comisión Nacional de Administración Local. Adicionalmente, y para facilitar la participación de asociaciones y ciudadanos, el texto se podrá consultar hasta el 26 de enero en la página web del Ministerio de Economía.

Medida recogidas en el anteproyecto

En este anteproyecto se recoge el fomento del transporte público con una exención en el IRPF del cheque-transporte siendo de 1.500 euros el máximo anual indicado. Además el Gobierno se compromete, durante la Presidencia española de la Unión Europea, a impulsar la redefinición de la tributación energética para reforzar su carácter medioambiental.

Por otro lado, la nueva Ley de Economía Sostenible incorpora el mantenimiento con carácter indefinido de la deducción medioambiental en el Impuesto sobre Sociedades. Esta deducción estaba prevista que desapareciera en el año 2011, pero al final el porcentaje de deducción pasará del 4% al 8% y se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica.

Además y siguiendo la política de apoyo a la I+D+i que el Gobierno inició en el año 2004, la Ley de Economía Sostenible incluye el incremento del porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8% actual al 12%.

Finalmente se recoge que se adelanta al año 2016 el objetivo de ahorro energético del 20% con relación al año 2005, por lo que se establecerán requisitos mínimos de calificación energética de los edificios y vehículos que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas.