Así, en las enmiendas del PP se propone que los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, incluidos los efecto del cambio climático, "podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión", siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

La Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se debatirá en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático la próxima semana y, probablemente, se votará en el Pleno del Senado del 23 de abril.

Además, en una de las enmiendas del PP los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde y que en los terrenos declarados en regresión no podrá otorgarse "ningún nuevo título de ocupación en el dominio público marítimo-terrestre", por lo que se abre la puerta a concesión de nuevos títulos en otros terrenos no afectados por la regresión.

Otra de las enmienda del PP pretende que los propietarios que tengan procedimientos de resolución pendientes antes de que la nueva ley entre en vigor, puedan conservar sus concesiones si la edificación cuenta con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien que estuvieran comprendidos en "áreas consolidadas por la edificación" en al menos un tercio de su superficie.

Asimismo, haría posible que las administraciones urbanísticas que ya tengan delimitado o clasificado como suelo urbano núcleos o áreas en dichas zonas, podrán solicitar la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. El MAGRAMA tendrá 18 meses para contestar a esta solicitud y, si en ese plazo no lo hace, se entenderá que es favorable.

Por otro lado, el PP quiere incorporar una disposición adicional séptima por la que el MAGRAMA tendrá dos años para elaborar la estrategia de adaptación de la costa española a los efectos del cambio climático, en la que se indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y que propondrá medidas.

La reforma contemplaría también la posibilidad de permitir usos comerciales y de restauración en puertos, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo terrestre, ni la actividad portuaria.

Para el senador del grupo socialista Miguel Fidalgo la crítica principal es que con este proyecto se da "un golpe al principio constitucional de que la costa es un bien público que debe quedar protegido".

Contrarreforma

A su juicio, con esta "nueva contrarreforma" el PP pone la costa al servicio de los intereses particulares, de empresas para promover la edificación en todo el litoral, al reducir el dominio público de una franja de 100 metros desde la línea de costa a 20 metros. "Quiere enladrillar la costa y regalar el litoral, con la extensión de las concesiones, al tiempo que agrupa y reduce el dominio público de 100 a 20 metros. Se está primando la ilegalidad", ha criticado.

Para el PSOE, lo que se debería cambiar respecto de la Ley de 1988 es la forma de ejecutar los núcleos de población que entonces quedaron fuera del dominio público, porque no recogen todos los núcleos históricos que existían. Además, ha dicho que no admite que las concesiones se amplíen hasta 75 años ni que se contemplen las transiciones de compra-venta, sobre las que considera que el Estado debería tener el control.

Al mismo tiempo, ha añadido que el PSOE va a combatir por que se incluya en el dominio público las salinas y otros terrenos inundados que la reforma dejaría fuera y que las industrias en el litoral no puedan operar más allá de 2018, si bien, "unos pocos años más".

El senador ha añadido que los socialistas lucharán por que no se reviertan los deslindes ejecutados, porque no se puede obviar el trabajo durante décadas de funcionarios y de sentencias favorables al Estado en un 95%, ya que, de aprobarse se abriría la puerta a revisar las expropiaciones.

Por su parte, el senador del grupo mixto, Jesús Enrique Iglesias, a criticado que el Gobierno busca la coartada de la UE por el perjuicio a los ciudadanos de otros estados que adquirieron viviendas en la costa y que ahora pueden perderlas. "Son casos puntuales que no justifican esta norma", ha dicho en declaraciones a Europa Press.



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