El vertido no fue fruto de un desgraciado e imprevisible accidente sino consecuencia de un deliberado e injustificable incumplimiento de las prescripciones técnicas. Las personas imputadas que llevaron a cabo dichas operaciones acreditan formación y experiencia suficiente para ser conscientes de la alta toxicidad para la vida acuática del amoniaco y los extremados riesgos del vertido.

Todo ello entendemos ha quedado sobradamente probado, a pesar de los intentos de las defensas de Froxá y Jhonson Controls durante las sesiones orales por crear la imagen de que el río Besaya era una cloaca donde un vertido más iba a pasar desapercibido, y despreciando el valor ambiental de los peces muertos hasta convertirlos en mercancía de lonja. Por el contrario, los peritos y testigos de las acusaciones han confirmado que el tramo del río Besaya afectado por el vertido tiene un valor ambiental, y un gran activo social para la ciudad de Torrelavega, y los núcleos de Torres y Cartes, al estar situado bordeando el Parque de La Viesca, cuya recuperación ha sido posible gracias también a la implicación de los vecinos del Barrio Covadonga y las iniciativas de su Asociación de Vecinos. Durante la vista la empresa Froxá ha reconocido que, una vez conocida la gran mortandad de peces y el vertido procedente de sus instalaciones, no adoptaron medida alguna ni colaboraron en la tarea de recogida de los peces muertos.

En honor a la verdad, y a la Justicia también, hay que reconocer que la labor de la Fiscal de Medio Ambiente de Cantabria, sin embargo, ha sido impecable. Conocedora de todos los detalles del sumario y exhaustiva en sus interrogatorios, no ha dejado prácticamente ningún fleco suelto ni atisbo de dudas.

En cuanto a la controversia suscitada por la viabilidad empresarial de Froxá en caso de ser condenada, Ecologistas en Acción puede comprender la inquietud de los trabajadores pero estamos seguros que el futuro de la Empresa no está ligado al resultado de la sentencia. Hay que entender lo que viene siendo una estrategia de ciertos ámbitos empresariales al objeto de eludir sus obligaciones, tanto ambientales, como laborales, con la crisis como excusa. El hecho que haya trascendido a los medios de comunicación que Froxá tendría que pagar 1.500.000 euros en concepto de indemnización en caso de ser condenada puede ser una evidencia, por incierto de esta información. La indemnización que tiene que afrontar Froxá en caso de condena, y hasta el momento, es de 250.000 euros, puesto que la indemnización que se solicita, de una cuantía de 500.000 €, tiene carácter solidario por lo que se reparte con Jhonson Control a partes iguales.

En cualquier caso y ajeno a este matiz, la sociedad no puede aceptar en ningún caso que hechos de esta naturaleza y gravedad queden impunes utilizando la crisis como excusa.



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