La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha impuesto al Ayuntamiento de Noja una multa de 3.000 por verter aguas residuales sin depurar en los acantilados de Belnoja, según se lo ha comunicado el departamento que dirige Francisco Martín a la asociación ecologista ARCA.

En un comunicado, esta agrupación informó de que el vertido se produjo sin contar con el debido título administrativo y sin someterse a los parámetros y condiciones ambientales exigibles, infringiendo, de este modo, la Ley de Costas y la Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria.

La sanción, fruto de una denuncia presentada por ARCA en octubre de 2007 y reiterada enero de 2008, ha ido acompañada de una serie de obras de mejora en las instalaciones de la depuradora municipal, que se encontraba en un estado de «absoluto abandono».

De esta manera, el Ayuntamiento «se ha visto obligado» a mejorar el desbaste y a impedir el paso de arenas, a instalar un tamiz capaz de eliminar las partículas por encima de 5 milímetros, a construir una arqueta para la toma de muestras y a reparar las electrobombas y grupos compresores existentes.

Si bien Medio Ambiente valora estas obras como un atenuante para el Ayuntamiento de cara a la cuantía de la sanción impuesta, ARCA no comparte «en modo alguno» este argumento y considera que la multa tenía que haber sido «mucho mayor» porque esas obras «debieron de acometerse hace años y el cumplimiento de la Ley no puede ser motivo de premio alguno».

ACUMULACIÓN DE MULTAS.

Además, ARCA ha destacado que el Ayuntamiento de Noja lleva acumulada media docena de multas en tres años por infracciones de carácter ambiental. En este sentido se pregunta «cuántas decenas de miles de euros más debe tirar por el desagüe para que se exija responsabilidades a su alcalde».

«El Ayuntamiento de Noja es un enemigo declarado del medio ambiente y no puede seguir recibiendo el apoyo logístico y económico de los poderes públicos en esta materia», denunció ARCA al tiempo que formuló esta misma petición para la Universidad de Cantabria (UC) con relación al «brutal» proyecto de construir un puerto deportivo «para apuntalar la política de especulación urbanística municipal».



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