Además, las previsiones para 2011 y 2012 continúan siendo negativas, según han indicado el 80% de los encuestados.

Un suelo se considera que está contaminado cuando se han alterado sus características por la presencia de componentes químicos peligrosos como consecuencia de la actividad humana, y se calcule que presenta un riesgo inaceptable para la salud o el medio ambiente. Estos suelos fueron contaminados principalmente en el ejercicio de actividades industriales y algunas de servicios.

Desde hace más de 10 años existe legislación que regula este tipo de suelos, promueve la prevención de su contaminación, y obliga a la publicidad registral de estos suelos a fin de que el eventual comprador disponga de información sobre su condición.

Cabe significar que los principales demandantes de estos servicios de descontaminación han sido el sector inmobiliario, el industrial y las propias administraciones públicas. De ahí, que el decaimiento de la actividad de estos agentes ha provocado también el de los servicios de saneamiento de suelos. En esta situación, peligra la continuidad de un sector que apostó fuerte por la cualificación de personal y la innovación tecnológica en un servicio de gran valor para la sociedad, como es la preservación y mejora del medio ambiente.

Por otra parte, los propietarios de estos emplazamientos deben ser conscientes que si el problema se deja sin resolver, puede empeorar en unos años y repercutir en los costes de saneamiento finales. En la actual situación de dificultades económicas en el sector productivo, y para prevenir problemas mayores, existe la posibilidad de plantear una estrategia en fases, donde se apliquen técnicas de control de la migración de la afección, o de recuperación a más largo plazo, y permitan aplazarla aplicación de actuaciones intensivas y costosas.

En este mismo sentido la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados aprobada el pasado mes de julio, contempla medidas para facilitar y agilizar los procesos administrativos previos a la descontaminación, como es el caso de la reparación voluntaria de los suelos.



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