A pesar de que su uso es ilegal, el veneno sigue siendo una lacra para la fauna en Castilla-La Mancha. Recientemente han sido encontrados 17 ejemplares envenenados en Castilblanco de Henares y Medranda (Guadalajara), contándose entre ellos dos casos de especies en peligro. Las ONG, que se personarán en el proceso, demandan rapidez y eficacia en la investigación, medidas cautelares y sancionadoras y contundencia en la lucha contra este problema por parte de la Junta de Castilla-La Mancha.

Las ONG denuncian que durante el mes de marzo han resultado víctimas del veneno en Guadalajara casi una veintena de ejemplares. Una cifra que, además, incluye un milano real y un águila perdicera, ambas especies en peligro de extinción.

Así, Ecologistas en Acción, GREFA, SEO/BirdLife y WWF se han puesto en contacto con las autoridades competentes de la Consejería de Agricultura en Guadalajara, así como con el Director General de Montes y Espacios Naturales. Su objetivo, resaltar la gravedad del caso y pedir que se pongan en marcha todas las actuaciones necesarias para esclarecer este grave caso. Los grupos exigen que se adopten medidas urgentes para evitar que los responsables queden impunes.

Ante la gravedad de lo ocurrido, las ONG han tomado la decisión de personarse como parte interesada en todos los expedientes, tanto en la vía penal como en la administrativa.

Entre las peticiones realizadas por las ONG, destacan:

  • Realizar con celeridad todas las pruebas periciales y toxicológicas, acorde con el Plan contra el uso ilegal de venenos en el medio natural de Castilla -La Mancha.
  • Continuar con la investigación hasta recopilar todas las pruebas que permitan descubrir quién ha sido el autor de este delito.
  • Abrir de forma inmediata un expediente sancionador con la adopción de medidas cautelares que impliquen la suspensión de la caza. De esta forma, se evitará que se agrave el problema, que se siga infringiendo la ley o que se generen nuevos riesgos sanitarios.

En la actualidad, las organizaciones muestran una enorme preocupación porque en Castilla-La Mancha el número de sanciones por veneno es insignificante en relación con el número de casos detectados. Lo que significa que no se está actuando con la determinación y la diligencia exigibles.
 
De hecho, los expedientes no prosperan por diversos motivos. Los más habituales son la falta o el retraso de analíticas toxicológicas o la dejación de funciones hasta que caducan los expedientes.
 
Los grupos esperan que no se repitan estas circunstancias y que los Servicios Periféricos y la Consejería de Agricultura de la Junta actúen con la rapidez, contundencia y seriedad que el caso merece.
 
Por último, las ONG destacan la importancia del marcaje con emisores y seguimiento de especies de fauna silvestre realizado en los últimos años y clave para averiguar distintas causas de mortalidad. En concreto, es fundamental para localizar numerosos envenenamientos en distintas provincias españolas. Algo que ha permitido adoptar medidas sancionadoras ejemplarizantes, tanto en vía administrativa como en vía penal. Por ello, instan a las administraciones a continuar con estos programas enfocados a especies altamente sensibles ante el veneno, como las carroñeras (buitres, alimoches o milanos). 



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