Un reciente auto del TSJC exige al alcalde que, en el plazo de seis meses, concluya la demolición de 17 chalets que fueron construidos a 20 metros de la playa de Cerrias, en Liencres (Cantabria), incumpliendo todos los requisitos que exige la Ley del Suelo, con la advertencia de que, de lo contrario, será denunciado por delito de desobediencia y se impondrán multas coercitivas.

Según las organizaciones, resulta lamentable que las mismas instituciones políticas, que han cosechado en los últimos años numerosas sentencias de derribo, estén ahora menoscabando el papel constitucional de los órganos judiciales y propongan públicamente evitar el cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Las declaraciones hechas por el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, confunden a la opinión pública e ignoran la legalidad vigente. Las Administraciones deben acatar las resoluciones judiciales y buscar soluciones para dar cumplimiento a la Ley de Costas.

Ante este tipo de afirmaciones que vienen repitiéndose a diario desde el 30 de noviembre, fecha en que se hizo público el auto del TSJC, las ONG ecologistas exigen el cumplimiento de todas las sentencias firmes de derribo y la asunción de responsabilidades políticas por parte de los cargos implicados en ellas.

Además, Amigos de la Tierra, ARCA, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF recuerdan que este cumplimiento es la única forma de restituir la legalidad urbanística y que la obligación de los poderes públicos es acatarlas, así como prestar a los jueces todo el apoyo necesario para su ejecución.

Más de 500 viviendas con sentencia de derribo en Piélagos

El fallo que ordena la demolición de la urbanización Cerrias I es firme desde el año 2002. En esta fecha, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia dictada por el TSJC en 1998, pero el municipio de Piélagos acumula otras muchas órdenes de derribo que afectan a más de 500 viviendas.

Entre ellas, cabe destacar la que ordena demoler la urbanización Cerrias II, que fue concluida después de conocerse la ilegalidad de su predecesora Cerrias I, y la catarata de resoluciones dictadas durante 2009. Estas sentencias anulaban las licencias y ordenaban la demolición de todo lo construido en el Plan Parcial del Alto del Cuco. Esta actuación fue definida por el TSJC como una “dentellada” al monte La Picota, junto al Parque Natural de Liencres.

El litoral de Cantabria, en su conjunto, ha sufrido un proceso de urbanización salvaje y plagado de violaciones a la legalidad ambiental. Prueba de ello es que en sus 284 kilómetros de costa acumulan más de un millar de viviendas con sentencia de derribo.

Por último, las ONG reclaman una rápida y justa indemnización a los propietarios de las viviendas con sentencia de derribo, así como la redacción de un proyecto de restauración paisajística para todo el entorno de la ensenada de Portio y Somocuevas, con especial atención al sector L-01. Todo ello, sin olvidar el desmantelamiento de los obstáculos que entorpecen en la zona el uso de la servidumbre de tránsito establecida por la Ley de Costas.



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