Según el informe "Situación de la aplicación de la Ley de Costas y los posibles ámbitos de mejora" del Ministerio que lidera Miguel Arias Cañete y al que ha tenido acceso Europa Press, el régimen de la citada norma ha provocado un "importante grado de conflictividad, tanto social como jurídica". Por ello, subraya que la reforma debería conciliar la "necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en dominio público, que no restrinja la actividad económica y, por tanto, la generación de empleo".

Además, según ha podido saber Europa Press, el Ministerio analizará el informe el próximo jueves en la primera reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) del nuevo Ejecutivo.

Concretamente, este departamento apunta como los aspectos que contribuyen a "aumentar la inseguridad y cierta sensación de agravio entre no pocos ciudadanos", la acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver; los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas; el trazado "aparentemente arbitrario de la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre que, en muchas ocasiones "no se entienden los criterios técnicos" porque esa línea no traza una recta sino que hace "zig-zag"; y la "falta de homogeneidad" territorial en la aplicación del régimen sancionador.

Respecto a la acumulación de expedientes, apunta a que "parece que" la no tramitación de éstos favorece a los particulares perjudicados por la Ley y que, en este sentido, responsabiliza a los Gobiernos anteriores de que "no ha habido una voluntad de acelerar esta tramitación, lo cual remite a los problemas de la propia Ley, en especial sobre el régimen transitorio".

De este modo, el MAAMA calcula que existen unas 32.000 ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre de las que 24.000 están sin resolver. Al mismo tiempo, subraya que los "aparentes cambios" de criterio sobre la ocupación de las playas deriva en una falta de homogeneidad en la aplicación de los criterios de otorgamiento de títulos de ocupación, entre otros.

El documento refleja también los ámbitos que el Ministerio considera que son "objeto de mayor conflictividad" en la Ley de Costas y señala como "algunos" de estos aspectos cuya "posible reforma se está estudiando".

Reformas

Entre ellos, figura el régimen de compensaciones de la pérdida de propiedades y otros títulos, porque la ley de 1988 expropia las propiedades privadas en dominio público mediante el sistema de justiprecio y no mediante el abono de una cantidad económica, sino en una concesión de uso de la antigua propiedad por 30 años prorrogables, en su caso, por otros 30. En el caso de las concesiones "indefinidas" para actividades económicas en el litoral también establece un plazo máximo de 30 años.

Por otro lado, sobre el cuestionamiento de que las concesiones "no sean transmisibles inter vivos" el informe considera que genera "problemas" la falta de coordinación entre las administraciones públicas, algo que se hace "más evidente" con los traspasos de funciones a Cataluña y Andalucía tras la modificación de sus respectivos estatutos autonómicos.

Igualmente, sobre el ámbito físico del deslinde, se plantearía en la reforma el "problema" de bienes degradados incluidos en antiguos deslindes que "ahora podrían ser objeto de desafectación" y cita expresamente los casos del Palo y Pedralejo (Málaga), Chilches (Castellón) o la cornisa de Cantabria.

A juicio de Medio Ambiente "merece la pena explorar la introducción de un procedimiento de desafectación más ágil y rápido" para los bienes que han perdido su características naturales de dominio público marítimo terrestre "con el fin de devolverlos al tráfico jurídico" y, aunque indica que la desafectación ya está previsto en la Ley, se posiciona a favor de analizar la "flexibilización de su procedimiento".

Al mismo tiempo, pretende ofrecer "garantías" a los ciudadanos que "denuncian de forma recurrente" que el Registro de la Propiedad no les informa sobre si una finca está afectada por el deslinde del Dominio Público Hidráulico Terrestre o por sus servidumbres, sino que se limita a prever la inmatriculación de los bienes como facultad de la Administración.

En cuanto al régimen de ocupación del dominio público hidráulico terrestre propone analizar "en profundidad la casuística" y revisar "las disposiciones reglamentarias reguladoras de estos aspectos que, sin dudan, han generado gran conflictividad social en los últimos años".

Finalmente, recuerda que se ha solicitado "reiteradamente" la modificación de la Ley de Costas para permitir la transmisibilidad inter vivos de "determinadas" concesiones ordinarias y abre la puerta a una "flexibilización" de las anchuras de la servidumbre de protección, de 20 metros para los suelos que antes de 1988 eran urbanos y de 100 metros para los demás.



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