Según esta organización, el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado viernes día 11, llega once meses tarde y lo hace en dirección contraria a las recomendaciones que la Agencia Internacional de la Energía hace en su informe anual World Energy Outlook 2011, que presentaba la semana pasada, con el significativo titular de que "el mundo se encamina hacia un futuro energético insostenible". El PER es otra oportunidad perdida para haber afrontado de otra manera los verdaderos problemas energéticos de España: la enorme dependencia energética, la elevada intensidad energética y las crecientes emisiones de CO2.

La AIE pronostica un precio del crudo a corto plazo de 150 dólares por barril por la presión de la demanda de los países emergentes y afirma  con rotundidad que a partir de 2017 los daños del cambio climático serán irreversibles. Ese año se podrían alcanzar las emisiones que se preveía  alcanzar hacia 2035, lo que provocaría una subida de la temperatura del planeta entre tres y seis grados, superando así el límite de dos grados a partir del cual el cambio climático se considera catastrófico y, por tanto, inadmisible. Según la AIE la razón de esta situación es el escaso impacto de las energías renovables y su insuficiente desarrollo y reclama a los Estados que adopten políticas más agresivas de apoyo a las renovables. La AIE acusa a los gobiernos de que mientras las ayudas a las renovables en 2010 ascendieron a 64.000 millones de dólares, las ayudas al carbón y el petróleo alcanzaron los 409.000 millones de dólares, seis veces más y por eso, la AIE propone triplicar las ayudas a las renovables hasta los 180.000 millones.

Tras analizar estas premisas, la Fundación Renovables concluye que si se comparan el último informe de la AIE y el PER la conclusión es clara: el PER 2011-2020 refleja una política energética totalmente equivocada al limitar y frenar el crecimiento de las renovables en España hasta 2020 y conservar y consolidar un modelo y un mix energético basado en el carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear. Y puntualizan que es "un modelo que para España es insostenible por caro, contaminante, ineficiente e inseguro por los riesgos de suministro y por su carácter inflacionista y especulativo". Por tanto aseguran que el "PER es la expresión de una política energética que nos conduce a futuras crisis económicas por nuestra elevada dependencia de las importaciones energéticas cuyos precios no controlamos y por los impactos derivados del cambio climático".

No ha sido una prioridad

Por otro lado, la Fundación Renovables ha valorado la aprobación de dicho plan, y tienen la  "sensación de que el PER ha sido aprobado a regañadientes y en tiempo de descuento; más parece una concesión electoral que una decisión del Gobierno o de compromiso con las renovables".

Para esta fundación el PER incumple la Directiva Europea de Renovables 2009/28/CE, ya que mantiene la discrecionalidad del MITYC para modificar el marco retributivo y mantiene el sistema de cupos y de limitación de horas y no se establece ningún criterio de norma pública y transparente de conexión a red. En el comunicado se puntualiza que estos aspectos van en contra de los criterios de la Directiva que exige eliminar las barreras regulatorias, administrativas y de conexión a red que impiden un mayor crecimiento de las renovables, incumplimiento que se añade a que el plazo de transposición de la directiva al ordenamiento jurídico nacional terminó en diciembre de 2010. Lo que al final se traduce en una inseguridad regulatoria y jurídica que ya ha producido una huida de inversiones y una destrucción de 20.000 empleos en el sector de las renovables.

Con respecto a la generación distribuida y al autoconsumo el PER no avanza ningún tipo de nuevas medidas más allá de generalidades que vuelven a referirse a una futura regulación posterior sin concretar contenidos ni calendarios.

Por último, y según la Fundación, este PER es contradictorio porque hace un balance extraordinariamente positivo del impacto de las renovables en el PIB, en la balanza de pagos, en el empleo, en la reducción de emisiones de CO2 y hace una previsión también positiva de la reducción de su peso en los costes del sistema; sin embargo, se recortan los objetivos de renovables para 2020 en 10.000 MW y se establece un horizonte de competitividad de las renovables para después de 2020, sin ninguna explicación o justificación, en contra de todos los estudios que estiman que podría alcanzarse en los próximos años de esta década.

Y solicitan su modificación para adecuarse a las necesidades de nuestro país en línea con la orientación de las políticas reclamadas por los principales organismos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollar las fuentes autóctonas que son las únicas que garantizan la seguridad de suministro.



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