El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la semana pasada un incremento de impuestos basado en el principio de "quien contamina paga" para elevar los ingresos del Estado, lo que se interpreta como subidas en los gravámenes a los carburantes, mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, aludió entonces a un impuesto a la generación en función de la facturación y progresivo para las tecnologías más subsidiadas.

"En cuanto a los ingresos, lo que hay preparado es una reforma impositiva para gravar todo tipo de generación con todo tipo de tecnología, sobre la base de un impuesto que grave como hecho imponible la generación, y que tenga como base imponible la cuantía que se vende, así como un tipo progresivo para que haya una mayor relación en la imposición en comparación con el subsidio que pueda recibir cada tecnología", anunció el ministro el pasado 11 de julio en los Cursos de El Escorial.

Las compañías eléctricas reaccionaron a esta medida advirtiendo de que pondrán en riesgo sus inversiones y beneficios, y podrían hacerles incurrir en pérdidas. Las eléctricas tradicionales calculan que el recorte que prepara el Gobierno en el sector energético tendrá un impacto de cerca de 2.500 millones de euros en su actividad y estiman que el impacto del conjunto de la reformas será 6.800 millones de euros.

El sector espera que la reforma energética anunciada por Soria incluya un nuevo impuesto del 4% o de 2 euros por megavatio hora (MWh) facturado para las fuentes tradicionales, entre las que se encuentran la nuclear, hidráulica y ciclos combinados de gas.

En el caso de las renovables, la norma distinguirá previsiblemente entre tecnologías gestionables y no gestionables, e incluirá imposiciones del 11% para la eólica, para recaudar 400 millones de euros, y del 19% para la fotovoltaica, lo que permitirá obtener 550 millones de euros.

Por su parte, las nucleares e hidráulicas tendrán además una tasa adicional de 10 euros por MWh en el caso de la nuclear, lo que permitirá ingresar 550 millones, y de 15 euros por MWh en el de la hidráulica, con lo que se obtendrán 400 millones.

Los hidrocarburos gaseosos sufrirán un recargo de cuatro céntimos por metro cúbico para aportar 1.150 millones, mientras que las subastas de derechos de emisión de CO2 permitirán ingresar 900 millones. La retribución al transporte se recortará en 50 millones y los pagos extrapeninsulares en 100 millones.



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