La presidencia francesa y el Parlamento Europeo han alcanzado un principio de acuerdo para retrasar de 2012 a 2015 la plena entrada en vigor del recorte obligatorio de emisiones de CO2 de los coches. Se trata de que los fabricantes dispongan de tres años más para adaptarse al nuevo límite de 130 gramos de CO2 por kilómetro –en la actualidad, las emisiones medias se sitúan alrededor de 160 gr/km– que se introducirá de forma gradual, según informó hoy el ponente de la Eurocámara, el socialista italiano Guido Sacconi.

El compromiso tiene que ser ratificado ahora tanto por los Veintisiete como por el pleno del Parlamento Europeo, que votará a finales de diciembre. Las posibilidades de que salga adelante son muchas porque cuenta con el apoyo de los principales Estados miembros productores, como Alemania, Francia o España, y por los dos principales grupos políticos, socialistas y populares.

La patronal del sector, ACEA, señaló que el acuerdo no es una “buena noticia” porque no da a la industria automovilística europea la flexibilidad que necesita en tiempos de crisis como los actuales. También los ecologistas atacaron el compromiso pero por las razones contrarias, por considerar que el resultado final ha quedado vacío de contenido.

Marcha atrás a su primera decisión

La Comisión Europea había propuesto obligar por ley a cada fabricante a garantizar que las emisiones medias de su flota de vehículos nuevos están por debajo de los 130 gramos por kilómetro a partir de 2012. Además, se deberán lograr otros 10 gramos por kilómetro de reducción mediante medidas adicionales como el uso de biocarburantes o la mejora de los neumáticos.

El compromiso acordado entre la presidencia y la Eurocámara diluye este objetivo y apuesta por introducirlo progresivamente. En 2012, los fabricantes sólo deberán cumplir el límite de 130 gramos en el 65% de su flota; en 2013, en el 75%; en 2014, en el 80%; y sólo a partir de 2015 el límite será obligatorio para el 100% de la flota.

A cambio de esta mayor flexibilidad, el Parlamento ha logrado introducir un objetivo de reducción a largo plazo que no aparecía en la propuesta original de Bruselas. La norma establece que el límite de emisiones de CO2 para los coches nuevos en 2020 será de 95 gramos por kilómetro. Se trata de dar una señal a la industria sobre los esfuerzos que deberá seguir haciendo en el futuro.

El compromiso final prevé además una mayor flexibilidad en las multas que se aplicarán a los fabricantes que rebasen el límite autorizado, que se introducirán también de forma progresiva. La multa se calcula multiplicando el número de g/km que un vehículo medio del constructor supera los 130 gramos por el número de coches vendidos por ese fabricante.

Multas para los constructores

Entre 2012 y 2018, los constructores tendrán que pagar 5 euros por el primer gramo de CO2 que supere el objetivo, 15 euros por el segundo gramo, 25 euros por el tercero y 95 euros por el cuarto gramo y los siguientes. Estas multas son inferiores a las propuestas por Bruselas, que defendía que las sanciones fueran de 95 euros. La Eurocámara considera que con este sistema de modulación se incentiva a los fabricantes a seguir mejorando la tecnología para reducir las emisiones en lugar de optar por pagar las multas.

A partir de 2018, los fabricantes deberán pagar ya desde el principio 95 euros por cada gramo que supere el objetivo.



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