La Cumbre de Cancún que comienza hoy debe ser "también una oportunidad para generar nuevos empleos verdes y de calidad", según ha señalado el secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, Llorenç Serrano. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se instaba a la Comisión Europea a que tuviera en cuenta la transición justa en el cambio de modelo productivo.

Serrano, que forma parte de la delegación sindical internacional que asistirá a la Cumbre del Clima de Cancún reconoce que los sindicatos acuden a la cumbre con menos expectativas que en la pasada cita en Copenhague y ha demandado al Gobierno que actúe de puente entre los países desarrollados y los emergentes.

Panel Intergubernamental para el Cambio Climático

Para el responsable de Medio Ambiente de CCOO, "los objetivos nacionales voluntarios que salieron del Acuerdo de Copenhague deberían situarse en la horquilla que ha señalado el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés), esto es, entre el 25 y el 40 por ciento de reducción de gases de efecto invernadero hasta 2020 en relación a 1990". De no hacerlo, la temperatura del plantea subiría por encima de los 2º, el límite marcado por los científicos para que los efectos del cambio climático no sean catastróficos. 

En este contexto, sería necesario crear un marco de adaptación que tuviese en cuenta la protección social como herramienta para reducir la vulnerabilidad y en el que se permitiese a la sociedad civil, incluidos los sindicatos, convertirse en actores de esa adaptación.

En Cancún debería establecerse además un mecanismo para medir, notificar y verificar el apoyo de los países desarrollados a los países en desarrollo. En Copenhague se acordó una doble financiación, a corto y a largo plazo. Por un lado, se estableció el compromiso colectivo de los países desarrollados para proveer con recursos nuevos y adicionales un fondo de alrededor de 30.000 millones de dólares para el periodo 2010-2012 (6.800 millones de euros anuales), tanto para mitigación como para adaptación, para los países en desarrollo priorizándose a los menos desarrollados. Los fondos procederán de fuentes públicas y privadas, pero sin aclarar en qué proporción. España debía aportar 300 millones de euros para ese trienio.

Creación de un fondo anual de 100 billones de dólares

A largo plazo, se reconoció la necesidad de movilizar un fondo anual de 100 billones de dólares (alrededor de 73.000 millones de euros) para respaldar financieramente el futuro acuerdo hasta 2020.

Los sindicatos consideran que es necesario crear un nuevo fondo que brinde los fondos suficientes para garantizar la justicia climática – entre países desarrollados y en desarrollo- dentro de los países y entre las generaciones. El fondo debería incluir las iniciativas existentes y proporcionar recursos financieros nuevos, adicionales, suficientes, previsibles y sostenibles, y garantizar que estos se canalizarán a través de la ONU. El fondo debe facilitar la innovación, la investigación y el desarrollo de tecnologías verdes, la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y promover el desarrollo de sistemas de protección social y los servicios públicos. 



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